La Federación de Asociaciones de Personas con discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA-Cocemfe Madrid) ha pedido la dimisión del portavoz de Ciudadanos Alcorcón, Alfonso Reina. Y ello después de que, según FAMMA, Reina intercediese en el conflicto entre dos trabajadores de ESMASA donde uno de ellos acusó al otro de amenazas por las que fue condenado y, además, denunció presiones del propio Reina.
En este sentido, FAMMA aplaude la decisión del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de Alcorcón a favor del trabajador que denunció las amenazas y acusó a Reina de presiones, tal y como adelantó Al Cabo de la Calle en exclusiva. “Existe mucha palabrería y poca eficacia por parte de algunos representantes públicos que no merecen ser dignos de esa responsabilidad», dice el presidente de FAMMA, Javier Font. Y añade que «es una vergüenza para los electores y el partido al que pertenece si este no actúa en consecuencia».
Font va más allá y considera que “es bochornoso que un cargo público y miembro del Consejo de Administración de ESMASA, como es Reina, interceda para tapar los delitos, en lugar de denunciar». De esta manera, el presidente de FAMMA cree que el portavoz de Ciudadanos en Alcorcón «presiona en contra del bienestar del trabajador y, además, el Consejo de Administración no toma medidas para ello». De ahí que desde la asociación estén «a la espera de que la empresa aplique un protocolo para dar mayor protección a este colectivo”.
PIDEN A ESMASA UN PROTOCOLO CONTRA EL ACOSO LABORAL
Para el presidente de la Federación de Personas con discapacidad es «inaceptable que este tipo de situaciones se den en una empresa de carácter público como ESMASA». Y «ante la pasividad de sus responsables y con el agravante de que la víctima de las vejaciones es, además, afectado por una discapacidad física, exigimos su corresponsabilidad penal por su inacción y la puesta en marcha de un protocolo de actuación para estos casos. Un protocolo de prevención del acoso laboral prometido por la empresa y que, a día de hoy, todavía no existe».
Finalmente, Font apunta al presidente de ESMASA, Ignacio González, y le apremia a convocar una reunión del Consejo para adoptar una determinación ante lo sucedido. «La justicia ya ha hablado, ahora, le toca a los responsables públicos y a la administración de ESMASA», apunta Font, que se marca como objetivo «prevenir que se repitan hechos discriminatorios de este tipo, tanto en el seno de la empresa como fuera de ella; así como condenar las agresiones realizadas a personas con discapacidad».
