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Nuevo palo a las arcas municipales de Getafe. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado al Ayuntamiento y a la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) a pagar 3,6 millones de euros a la constructora Fercaber por unas obras realizadas en Las Margaritas en 2003, cuando regía la ciudad Pedro Castro.

Se trata de la ratificación de una sentencia previa de 2015 que ya condenaba al Consistorio al pago de esta cantidad por la construcción de un aparcamiento subterráneo en la avenida de las Ciudades. Sin embargo hace dos años “Sara Hernández decidió esconder a los vecinos y a la oposición la decisión judicial”, denuncian desde el PP local, para quien este caso se debe a “otra negligencia del PSOE de Getafe”.

El Gobierno local actual lleva al próximo Pleno una modificación de crédito después de que la propia EMSV, instalada en el último tiempo en presuntas sospechas de irregularidad, solicitará al Ayuntamiento abonar parte de la sentencia condenatoria y pagar 1,9 millones de euros a Fercaber.

Todo se remonta al 4 de julio de 2002, cuando el IVIMA y el Ayuntamiento firmaron un convenio para la promoción de viviendas de protección pública y aparcamientos subterráneos en Las Margaritas, donde se preveía que “la obra de construcción del garaje y de acondicionamiento del espacio libre de uso público se ejecutará con cargo al presupuesto del Ayuntamiento de Getafe”.

En 2004, el Consistorio entonces gobernado por los socialistas transfirió sus obligaciones procedentes del convenio a la EMSV, iniciándose una disputa entre Ayuntamiento e IVIMA a los que Fercaber acabó denunciando al Consistorio.

EL GOBIERNO LOCAL CULPA AL PP

Por su parte, fuentes municipales han señalado que todo se produce por la “nefasta gestión del PP de la Comunidad de Madrid, puesto que el Ayuntamiento de Getafe ha tenido que asumir el pago de la construcción de 68 plazas que son propiedad del IVIMA y que siguen en desuso”.

Las mismas fuentes del Ejecutivo de Sara Hernández apuntan que “si por algo está en peligro la viabilidad económica es por la negligente gestión del PP de la EMSV, al no renovar la encomienda de gestión anual desde 2012″. Finalmente, señalan que el “desconocimiento es falso porque la demanda se interpone durante el Gobierno de Juan Soler, que es quien realiza las gestiones de defensa”.