El consejo de administración de Canal de Isabel II ha aprobado la propuesta de tarifa del agua para 2018 y que supondrá la congelación de las mismas a los hogares madrileños por tercer año consecutivo y, además, ampliará como beneficiarios de la tarifa social a los pisos tutelados o viviendas comunitarias gestionadas por instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro.
Según ha informado la entidad en un comunicado, la propuesta aprobada este miércoles contempla simplificar y ordenar la regulación tarifaria, incorporando al decreto la regulación básica y dejando la orden para fijación de los coeficientes e índices aplicables, así como las bonificaciones. Además, se ordenan los riegos de zonas verdes públicas con agua potable y regenerada, introduciendo una estructura tarifaria para este último servicio análoga a la del resto de servicios.
La empresa pública ha incluido en el ámbito de aplicación de la tarifa social a las cerca de 500 viviendas comunitarias o pisos tutelados que actualmente se encuentran registrados en la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Todos ellos pasarán así a abonar 4 euros mensuales por un consumo de 417 litros diarios, es decir, contarán con una reducción del 75 por ciento. La medida favorecerá a más de 110 entidades sociales que acogen, atienden y protegen a más de 3.400 personas en la región.
Este nuevo supuesto amplía los ya existentes como son los perceptores de la Renta Mínima de Inserción o de pensiones no contributivas, así como todas aquellas personas que acrediten estar en situación de vulnerabilidad. En la actualidad son 8.500 contratos los que se encuentran acogidos a esta tarifa.
La propuesta será elevada a la Comunidad de Madrid para continuar con la correspondiente tramitación administrativa y de información pública. Todo ello culminará con la aprobación y publicación del decreto y orden de tarifas para 2018. Desde la empresa pública aseguran que la tarifa del agua en la Comunidad de Madrid es un 23 por ciento más barata que la media de las principales ciudades españolas y un 50,5 por ciento en relación a la media de las principales ciudades europeas.
