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Por quinto año consecutivo, el Gobierno de Fuenlabrada presenta una propuesta de ordenanzas fiscales basadas en que pague el que más tiene. Lógico y normal. Incluso digno de alabar. Y así, por quinto año consecutivo, se contempla subir un 1,7% el Impuesto de Actividades Económicas a las empresas que facturen -lo que no significa beneficio neto- más de un millón de euros. Un “esfuerzo simbólico” para el Ejecutivo de Manuel Robles con el que se espera ingresar 90.000 euros y seguir manteniendo gran parte de las políticas sociales del municipio. En muchos casos, sí, vanguardistas y necesarias.

La decisión, pues, forma parte del libre albedrío del Gobierno local. Está en su derecho y es una forma de gestión válida como cualquier otra. Pero en política, como en economía, como en cultura y como en cualquier ámbito de la vida, el mensaje implícito es casi tan importante -a veces más- como el explícito. Es verdad que 90.000 euros repartidos entre más de 900 empresas que deben hacer frente a esta subida parece algo simbólico. El alcalde lo ha dicho y tiene parte de razón: ninguna empresa cierra o quiebra por este esfuerzo que se les pide a los empresarios para mantener una cobertura social que, también es cierto, en Fuenlabrada es envidiable.

Pero qué pasa con las empresas que están por venir. Qué ocurre con los negocios que quieren abrir y expandirse. Qué sucede con los emprendedores que ven a Fuenlabrada subir año a año el Impuesto de Actividades Económicas. Qué mensaje se les está mandando. Venid aquí que pagaréis un 1,7% más que en la vecina Alcorcón, por ejemplo, una ciudad donde en los próximos meses está prevista la inauguración y apertura de varios centros que darán trabajo a miles de vecinos.

Con ese mensaje implícito, pues, es normal que las empresas tachen a Fuenlabrada del mapa o hagan las maletas y se marchen a otros lugares más acogedores con la inversión que indirectamente -y se nota mucho más- repercute en beneficio de la ciudad. Porque genera trabajo y con ello mayor bienestar social.

Este esfuerzo simbólico que se vuelve a pedir a las empresas, además, no parece muy acertado en la coyuntura actual. La quinta subida del IAE coincide, por ejemplo, con la fuga de empresas de Cataluña. Negocios que cambian su domicilio social a otros lugares de España. Sí, parece osado pensar que algunas de estas compañías que se lo están pensando, como SEAT, pudieran instalarse en Fuenlabrada llegado el caso, con lo ancha que es Castilla. Pero por qué no puede pasar. Con otras condiciones impositivas, desde luego que Fuenlabrada podría ser atractiva para la inversión privada.

Sin embargo, el Gobierno de Manuel Robles se ha empeñado en nadar a contracorriente y hoy eso es más perjudicial que nunca. En esa espiral se encuentra el actual Gobierno del PSOE, al que en la Comunidad de Madrid si le preocupan las condiciones laborales de los trabajadores de seguridad de Polvoranca, pero con las trabajadoras de limpieza de instalaciones deportivas es harina de otro costal. Recapacite señor alcalde, aún hay tiempo.