España sigue llorando por las víctimas del atentado islamista de Barcelona. Un ataque que sesgó la vida, por el momento, de quince personas. Quince ciudadanos libres y pacíficos golpeados por la barbarie. Y si bien una masacre de estas características es prácticamente imposible de evitar y ningún país es inmune a ella, sí se pueden mitigar sus efectos. O al menos intentarlo utilizando todos los medios disponibles.

Y es aquí donde ha llegado el momento de pedir responsabilidades a la clase dirigente en general (el Estado central debería explicar más a fondo por qué la Guardia Civil y la Policía Nacional han sido echadas a patadas de Cataluña) y la catalana en particular. Empezando por los jefes de los Mossos d’Esquadra, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el propio presidente de Cataluña, Carlos Puigdemont.

Desde el pasado mes de diciembre, concretamente el día 20, la Dirección General de la Policía Nacional emitía una circular donde recomendaba a los ayuntamientos de toda España la colocación de bolardos o maceteros de grandes dimensiones en lugares concurridos. Ello con el fin de evitar atropellos masivos, actualmente el modus operandi del terrorismo islamista. Sin embargo, los jefes de los Mossos obviaron esta advertencia aludiendo a un tema de competencias.

Algo similar a lo que argumentó la alcaldesa Ada Colau. ¿Por que se negó a colocar estos elementos de seguridad? Según ella porque cercenaban la libertad de las personas. Un argumento a todas luces pobre. Porque si bien los bolardos no evitan un atentado a gran escala sí reducen las posibilidades de éxito de los terroristas que se benefician de las ayudas del Estado. Y, por supuesto, no impiden que los ciudadanos puedan transcurrir por plazas y calles con total libertad. En este punto, el propio ministro del Interior de Italia, Marco Minniti, ha sido de los primeros en criticar esta decisión de Colau.

La irresponsabilidad de la alcaldesa de Barcelona pone de manifiesto la necesidad de su dimisión. Una renuncia que, sorprendentemente, nadie ha pedido a estas alturas. Tampoco la de los jefes de los Mossos, más preocupados, como el presidente de la Generalitat, por mostrarse al mundo como un país independiente y de excluir a la Guardia Civil y la Policía Nacional de Cataluña que de la seguridad de los catalanes y turistas.

A medida que pasan los días es más que evidente la cadena de errores y la utilización del dolor para beneficio del ilegal proceso independentista. Una aberración que tuvo su momento culminante cuando desde el propio Gobierno catalán se diferenciaba entre víctimas catalanas y españolas.

Mientras tanto, el resto de fuerzas políticas a nivel nacional han mostrado una frágil unidad frente al terrorismo, como quedó patente tras la reunión del Pacto Antiterrorista. Un pacto que Podemos se niega, aún hoy, a firmar en otro acto de irresponsabilidad.

El atentado de Barcelona, además del dolor de las familias de las víctimas, ha mostrado las vergüenzas de independentistas y populistas de izquierdas. Estos días contrastan con los de aquel fatídico 11 de marzo, siempre en la memoria, cuando la ciudadanía salió a la calle contra el terrorismo y contra el Gobierno de España a pleno pulmón. En cambio en esta ocasión, donde también la irresponsabilidad de la clase dirigente es manifiesta, nadie alza la voz contra estos. Únicamente el ministro de Interior de Italia. Algo que habla del doble rasero de una sociedad, la española, desmoralizada y expuesta a las pretensiones de unos políticos sin escrúpulos.