El exalcalde José Ramón Navarro deberá presentarse a declarar el próximo 5 de febrero en el juzgado de instrucción Nº 6 de Navalcarnero en calidad de investigado por un presunto delito contra el medio ambiente. En la causa también están siendo investigados dos antiguos técnicos del Ayuntamiento de Griñón.
La causa fue abierta por el juzgado tras la denuncia presentada por el actual concejal de Urbanismo y Medio Ambiente Fernando Tejero (CIG) en 2016, al conocer que el Consistorio había sido expedientado por la Confederación Hidrográfica del Tajo, que detectó el vertido de aguas fecales a un arroyo. La sanción había sido trasladada previamente al Ayuntamiento en 2011 cuando todavía era alcalde José Ramón Navarro.
INVESTIGACIÓN
Los hechos que se investigan se remontan a 2001 cuando Navarro era concejal de Obras, Servicios y Medio Ambiente. Ese año se ejecutó la construcción de un colector para llevar aguas fecales a una estación depuradora de aguas residuales.
Sin embargo, no se colocaron 217 metros de tubería y no se construyó un aliviadero, a pesar de estar pagados por el Ayuntamiento con financiación del Plan Prisma de la Comunidad. La obra fue adjudicada por 234.000 euros a la empresa Construcciones Valle SA en octubre de 2010.
Las investigaciones de la Guardia Civil, encargadas desde el Juzgado, detectaron que el proyecto de obra contemplaba la construcción de 1.045 metros de tubería y sólo se construyeron 823. La Guardia Civil tiene constancia de la presencia de vertidos desde 2011, debido a que la Confederación Hidrográfica del Tajo multó al Ayuntamiento al detectar los vertidos de aguas fecales. En concreto, la multa era de 6.000 euros por los vertidos.
PRESUNTOS DELITOS
En este caso el exalcalde y los dos antiguos técnicos municipales podrían enfrentarse a los delitos de falsedad en documento público y malversación de caudales públicos, además de un presunto delito contra el medio ambiente. Según estimaciones del Canal de Isabel II, en torno a 170 metros cúbicos de aguas fecales diarios se han podido estar vertiendo durante años al arroyo del Prado.
Desde el Canal de Isabel II se han podido detectar los distintos desarrollos urbanísticos que han venido vertiendo al colector inacabado. Entre ellos, una treintena de chalés de la urbanización La Sota, viviendas de la calle La Paz, una residencia de ancianos, la piscina municipal cubierta, un supermercado y una finca. Algunas de las licencias de estas construcciones fueron dadas durante el Gobierno de José Ramón Navarro.
ACUERDO
El actual Gobierno local ha firmado un acuerdo con el Canal de Isabel II para acabar el colector, una obra que tiene un coste de 400.000 euros. El pasado mes de diciembre el Canal ha presentado el proyecto para solventar los vertidos y ahora el Ayuntamiento tendrá que dar el visto bueno para que los trabajos comiencen lo antes posible. El Consistorio pagará la obra en cuatro años y la primera anualidad, fijada en 121.000 euros, ya ha sido remitida al Ayuntamiento por el Canal de Isabel II, según ha detallado a Al Cabo de la Calle el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente Fernando Tejero.
