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La Comunidad de Madrid no va a prorrogar los convenios actualmente vigentes suscritos con 110 ayuntamientos para el proyecto de las Brigadas Especiales de Seguridad (Bescam) para «promover las acciones necesarias para llevar a efecto a la adaptación de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público», como consta en la orden aparecida en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del pasado viernes. Estos finalizan en 2018 aunque el Gobierno regional asegura que los prorrogará hasta finales de 2019.

Según han explicado desde la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno regional, le Ley estatal de Régimen Jurídico del Sector Público obliga por motivos jurídico-administrativos la adaptación temporal de los convenios Bescam. En la cláusula decimotercera de los convenios suscritos se establece que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2018, prorrogándose automáticamente por distintos periodos, salvo denuncia de las partes presentada con un años de antelación a la finalización del convenio.

Ante estas circunstancias, el consejero de Presidencia, Ángel Garrido, y el equipo directivo de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 se reunieron el pasado 20 de diciembre con el presidente de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) y alcalde de Arganda, Guillermo Hita, para explicarle que iban a aprobar dicha orden y para avanzarle «el compromiso del Gobierno de que las Bescam se mantengan hasta finales de 2019, tal y como anunció la presidenta regional, Cristina Cifuentes, y la posibilidad de que se prorrogue posteriormente con las mismas condiciones económicas que las actuales».

La Consejería ha recordado también que los Presupuestos regionales para 2018 contemplan una partida de 69,6 millones de euros para pagar a los 2.092 agentes y material que componen estas brigadas de seguridad ciudadana de los Cuerpos policiales en 110 municipios de la región, tras reincorporarse Parla el pasado mes de diciembre.

«GOLPE EN LA LÍNEA DE FLOTACIÓN ECONÓMICA DE LOS AYUNTAMIENTOS»

Por su parte, Comisiones Obreras (CCOO) ha lamentado que con la finalización de los convenios Bescam actuales «se da un golpe en la línea de flotación económica de los ayuntamientos, con los consiguientes efectos sobre el mantenimiento de los servicios y el empleo en los mismos».

El sindicato dice que «el hecho de que únicamente esté asegurada esta financiación hasta el 31 de diciembre de 2018, aunque el Gobierno regional haya anunciado que seguirá financiando el proyecto durante 2019, fecha en la que como dato significativo, concurren elecciones a la Comunidad de Madrid y a los Ayuntamientos, no soluciona una situación que estuvo mal planificada desde el principio, al acogerse los ayuntamientos a un convenio que les proporcionaba seguridad gratis, sin criterios objetivos, vaciando las arcas autonómicas y dejando sin presupuesto en seguridad, entre otras cuestiones, la formación de los policías locales y la desaparición de su Academia de Policía».