La deteriorada situación económica del Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio va a traer consigo una reducción en los gastos de personal que supondrá el despido de trabajadores municipales. “El equipo de Gobierno tiene la obligación de reducir el importe de gastos de Personal, bajo los criterios que marca la legislación ya que el Ministerio de Hacienda obliga a ejecutar un Plan de Ajuste por la situación de quiebra que atraviesa el Ayuntamiento, haciendo una revisión de puestos de trabajo en profundidad y a lo largo del mandato”, indican desde la Alcaldía moralejeña.
El Gobierno socialista de Valle Luna señala que los primeros recortes se llevarán a cabo en los complementos salariales que el anterior Ejecutivo del PP incrementó a varios empleados públicos, en torno a mil euros al mes por trabajador. Además, la alcaldesa ha indicado que en el anterior presupuesto de 2015, aprobado durante el mandato de Carlos Estrada, ya se contemplaba la reducción de un 30% de la plantilla, en torno a una veintena de empleados. Si actualmente los gastos de personal representan el 70% del presupuesto municipal de cinco millones de euros, dicha partida se debe rebajar al 40%, tal como obliga la ley estatal.
Esta decisión se va a tomar a raíz de que se haya aprobado en el Pleno de la Corporación municipal el Plan de Ajuste, que fue aprobado con los votos a favor del PSOE, la abstención de UPyD y el voto en contra del PP. Desde este último grupo político han indicado que se niegan “a la reducción de costes de personal a costa de puestos de trabajo en cualquier servicio del Ayuntamiento. No queremos que se externalice ningún servicio prestado actualmente, ni que se despida a más personal”.
La alcaldesa, Valle Luna, ha afirmado que el Plan de Ajuste debería haberse aprobado ya a raíz de la aprobación en 2013 de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. También ha incidido en que la reducción en los gastos no se va a llevar a cabo sólo en el capítulo de Personal, sino en todas las partidas.
El Gobierno local socialista ya ha presentado en la mesa de negociación este Plan de Ajuste a los representantes sindicales de CSIF y CCOO, quienes han calificado de “bastante decepcionante” la reunión mantenida con el equipo de Gobierno. “En dicha reunión nos confirmaron que habría despidos, pero no nos dieron ningún tipo de explicaciones sobre cuántas personas serían, ni qué trabajadores iban a ser, ni cuándo se iban a llevar a cabo los despidos, nada de ello viene detallado en el Plan de Ajuste aprobado”, indica un representante sindical. La próxima reunión convocada para tratar este espinoso asunto está convocada para el próximo 19 de mayo.
Los sindicatos CSIF y CCOO, que son los únicos representados en el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Moraleja, se quejan de que desde la entrada en el Gobierno del nuevo Ejecutivo socialista no están recibiendo ningún tipo de información. “No nos aportan ningún tipo de documentación oficial”, aseguran.
“Cuando en la pasada campaña electoral nos venían pidiendo el voto, nos aseguraron que no iban a despedir a nadie y ahora nos dicen que lo hacen porque la Ley de Sostenibilidad de la Administración Local les obliga, acaso es que no lo sabían cuando se presentaron a las elecciones”, afirma dicho representante sindical.
Además, considera que “los trabajadores no tenemos la culpa de las deudas que se generaron en el Ayuntamiento de Moraleja durante las pasadas legislaturas y que ahora nos quieran hacer pagar por ello a los empleados públicos”.
Los trabajadores municipales también se quejan de que a fecha de hoy no hayan cobrado todavía la nómina correspondiente al pasado mes de abril, ni que se les haya anunciado cuando van a cobrar la paga extra de 2012. A su vez, temen la negociación del próximo convenio colectivo. El que está actualmente en vigor se remonta a 1999.
8.000 EUROS POR VECINO
La situación económica de Moraleja es extrema, con una deuda reconocida que ronda los 30 millones de euros. A esa cifra hay que sumar, según la propia alcaldesa, otros doce millones en facturas pendientes de aplicación presupuestaria, cinco millones en convenios urbanísticos aún sin resolver, cerca de dos millones por sentencias judiciales condenatorias y otros dos millones y medio por presuntos fraudes en subvenciones. Según la propia alcaldesa, “casi una deuda de 8.000 euros por habitante”.
