La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil afirma que la exconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, ha requerido desde los años 2011 y 2014 los trabajos de reputación del empresario investigado en la trama ‘Púnica’, Alejandro de Pedro, para beneficiar su figura pública y añade que para ello utilizó dinero público.
Así se desprende de un informe en el que explica que la entonces consejera requirió de los servicios de De Pedro a través de la empresa Eico Online, S.L para que con las redes sociales y medios digitales, vinculados en Madiva Ediorial y Publicidad, contrarrestasen las informaciones «desfavorables» a Figar y, por el contrario, dar visibilidad a las noticias que favoreciesen su imagen. La empresa realizaba informes mensuales que eran entregados directamente al jefe del Gabinete de Prensa de la Consejería, Pablo Balbín, tal y como constata la Guardia Civil.
El equipo de investigación del Instituto Armado afirma que Figar «no era ajena» al contenido de estos informes, ya que se han encontrado correos electrónicos en los que De Pedro «ponía al corriente» de algunas de las acciones que su empresa llevaba a cabo, incluso le remitía dichos documentos.
«Queda patente que se estaba pagando con dinero público trabajos que benefician a la imagen personal y carrera política de la consejera, destinado a usos a la función pública caudales de su Consejería para promocionar su figura política», subraya la UCO. La facturación de dichos servicios se realizaba mediante «el recurso permanente de contratación menor», indica, además de seis empresas distintas para facturar estos trabajos.
Así, los empleados de las empresas de De Pedro utilizaban usuarios falsos en las redes sociales como «arma de ataque contra la oposición política y social», lanzando mensajes contrarios a estos.
DELITOS DE FRAUDE, FALSEDAD Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS
En el mismo informe, la UCO propone tanto al juez instructor de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, como a la Fiscalía que considere a De Pedro responsable de los delitos de fraude en contratación pública, de falsedad en documento mercantil y de tráfico de influencias. Estos mismos delitos son reclamados para Figar, ya que, a su juicio, «habría dado su conformidad a la contratación directa y reiterada» de los servicios de De Pedro, «era sabedora del cariz» de los mismos y «habría beneficiado» al empresario con otros contratos públicos.
