El Juzgado de Instrucción número 3 de Getafe ha admitido a trámite la querella por prevaricación presentada por el PP local contra la concejal no adscrita Mónica Cerdá, a raíz de las posibles irregularidades detectadas en la adjudicación de la ‘Guía de Comercio y Hostelería’, que se presentó a inicios de 2016. Se trata de hechos que “revisten carácter delictivo”, para los populares, y que ocurrieron en la etapa en la que Cerdá fue consejera delegada de la empresa municipal GISA.
Bajo el Gobierno socialista de Sara Hernández, GISA habría dado a dedo la elaboración de esa publicación a la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Getafe (ACOEG), en contra del criterio de un informe técnico, en el que se duda de que el adjudicatario cuente con la habilitación necesaria exigible “para la realización de la actividad que constituya el objeto del contrato”.
Un informe técnico desaconsejaba la adjudicación llevada a cabo cuando Cerdá era consejera delegada de GISA
Se trata de un documento demoledor elaborado por un técnico del Área Jurídica de GISA, que directamente no recomienda la adjudicación a la asociación ACOEG. Literalmente, el informe afirma que “analizados los estatutos presentados por la Entidad, y en concreto los fines de la agrupación recogidos en el artículo 6 de sus Estatutos, los fines establecidos no guardan a juicio de quien suscribe el presente informe, relación con el objeto de la presente contratación”.
El informe técnico, al que ha accedido Al Cabo de la Calle, continúa “a este respecto hubiera sido conveniente solicitar para la contratación de estos servicios a otras empresas o entidades que estén capacitadas y que entre su objeto y fines guardaran relación con el objeto del contrato, quedando la decisión de proceder a la contratación del presente contrato en todo caso, en manos del órgano de contratación competente en este caso, la consejera delegada de la sociedad”.
A pesar de este esclarecedor informe, el Gobierno de Sara Hernández continuó arbitrariamente con la contratación, según afirma el PP. En la querella, los populares afirman acreditar “la desaparición de documentos oficiales que deberían haber sido incorporados al expediente administrativo del contrato”, lo que alimenta las sospechas de que se ha podido alterar para facilitar una adjudicación que, a simple vista, podría ser considerada como irregular.
VULNERACIÓN
Por otro lado, la ‘Guía de Comercio y Hostelería por barrios de Getafe’ vulneró la ley al no incluir el número de depósito legal en la citada publicación, lo que, a juicio del PP de Getafe, lleva a pensar que esta posible trama se organizó para favorecer a personas que en su momento eran afines al PSOE de Sara Hernández.
Esta circunstancia genera aún más dudas sobre la persona o la empresa que, con posterioridad, editó y distribuyó la publicación. De acuerdo a la legislación vigente, todos los editores de una obra publicada en formato tangible, como es el caso de la ‘Guía de Comercio y Hostelería’, están obligados a solicitar el número de depósito legal, que deberá requerirse antes de realizar la impresión o producción de la obra.
