El Juzgado de lo Social número 1 de Móstoles ha declarado improcedente el despido de un trabajador con incapacidad por parte de la empresa municipal de recogida de residuos de Alcorcón (ESMASA), que dirige el segundo teniente alcalde y líder de Podemos, Jesús Santos. La sentencia, del 9 de abril y a la que ha accedido Al Cabo de la Calle, condena a la empresa municipal a pagar a este empleado 65.007 euros, o a reincorporarle con una indemnización de 99,71 euros diarios, desde el día de su despido (13 de marzo de 2020).
Se trata de la tercera sentencia en contra de ESMASA y que afecta también a un trabajador con incapacidad. El primer falló condenó a la compañía municipal de Alcorcón a pagar a un empleado 50.000 euros, y la segunda, 60.000 euros ambos con discapacidad. En este segundo caso se trataba de una mujer latinoamericana, a la que además se espió. Un detective cuyas labores costaron 10.000 euros y que también vigiló a este tercer empleado.
El tercer afectado y demandante prestaba servicios en ESMASA desde 2003. En 2018 se le reconoció una incapacidad temporal y en julio de 2019 recibió el alta. En agosto de 2019 inició una nueva incapacidad temporal por ciática, al haber sufrido una recaída.
El 8 de enero de 2020, como consta en la sentencia en poder de este periódico, contrajo matrimonio y un día más tarde, el día 9, se procedió a su espionaje. Labores de investigación que duraron dos días. En base a esos informes del detective, ESMASA comunicó el despido al trabajador incapacitado el 11 de marzo de 2020, con efectos al 13 de marzo de 2020, al entender que había cometido faltas muy graves.
DESPIDO IMPROCEDENTE, NO NULO
El 19 de marzo, el operario municipal recurrió ante el Juzgado que ahora le ha dado la razón, si bien el magistrado entiende que el despido fue improcedente y no nulo. «No se ha acreditado que el móvil del despido sea otro que la repercusión negativa en el rendimiento laboral, un móvil que determina la improcedencia del despido, pero no la nulidad por discriminación«, reza el fallo.
Al mismo tiempo, el Juzgado de lo Social quiere dejar claro que «los discapacitados o aquejados de minusvalía permanente tienen unos objetivos y necesidades particulares de integración laboral y social que no se dan en las restantes dolencias o enfermedades».
DETECTIVE PRIVADO
Como sucedió con otra trabajadora discapacitada que ha ganado en los tribunales a ESMASA, la empresa dirigida por Jesús Santos, número 6 de Podemos a la Comunidad de Madrid, contrató un detective privado. Si bien la sentencia estima que «el informe del detective está justificado, teniendo en cuenta los hechos cometidos por el demandante en espacios públicos o al aire libre, mientras se encontraba suspendido del contrato de trabajo por su incapacidad temporal».
Ahora bien, el juez recuerda que «no toda actividad desarrollada en tiempo de baja, justifica un despido disciplinario, sino solo aquella que perjudica la recuperación». En el caso concreto, «no consta que su diagnóstico necesite reposo absoluto». Por tanto, «los hechos acreditados por ESMASA no son constitutivos de una falta muy grave».
180.000 EUROS EN DESPIDOS IMPROCEDENTES
De esta manera, el Juzgado de lo Social número 1 de Móstoles condena a ESMASA a pagar 65.007 euros a este trabajados, lo que sumado a las dos anteriores condenas, más los trabajos del detective, hace un agujero de 180.000 euros en despidos improcedentes a trabajadores por discapacidad o incapacidad.
Hay que recordar que la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid (FAMMA) exigió responsabilidades a Jesús Santos por estos hechos. Y sindicatos, como CSIF, que celebra que la Justicia dé la razón a los trabajadores, también han alertado que «las adaptaciones a sus puestos de los trabajadores con discapacidad no se dan en la empresa pública de Alcorcón», denunciando que «en vez de adaptarlos se les echa».
Tercer varapalo, pues, para ESMASA, y según ha podido saber Al Cabo de la Calle, aún está pendiente el litigio de un cuarto trabajador con incapacidad, al que también se despidió.
