El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ha publicado la aprobación definitiva de la Ordenanza de Protección de la Salubridad Pública de Alcorcón, tras no presentarse ninguna alegación al texto normativo, que se ratificó a principios de este año.
La Ordenanza regula la instalación y el ejercicio de actividades económicas en la ciudad, «favoreciendo al mismo tiempo una competencia leal entre agentes económicos y respetando igualmente el derecho a la protección de la seguridad y salud de los ciudadanos».
Esta Ordenanza de Protección de la Salubridad Pública, que sustituye en su totalidad a la siguiente normativa municipal, Reglamento de Inspección de Abastos y Mercados, Reglamento Comercio Minorista de la Alimentación, Reglamento de Galerías de Alimentación, Ordenanza de Protección de la Salud y Defensa de Consumidores y Usuarios y Ordenanza Reguladora de las condiciones higiénico-sanitarias y técnicas de los Centros de Cuidado y Recreo Infantil, consta de siete libros, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.
El primer libro aborda las disposiciones generales, inspección y régimen sancionador; el segundo regula los establecimientos de elaboración, venta y servicio de comida y/o bebidas; mientras que el tercero desarrolla las pautas en las actividades de los centros infantiles, tales como recreo, comedor o condiciones sanitarias.
Por otro lado, en el libro cuarto se regulan las actividades de peluquerías, establecimientos de estética y gimnasios; mientras que en el quinto se abordan las piscinas y en el sexto y séptimo, servicios funerarios y prevención, control de plagas y salubridad pública en inmuebles y entorno urbano, respectivamente.
«Mediante esta iniciativa reglamentaria el municipio de Alcorcón da respuesta a los procesos de transformación social y novación jurídica que han tenido lugar en tiempo reciente, derogando normas obsoletas y eliminando trabas administrativas, conciliando una deseable puesta en marcha ágil de las actividades económicas junto a una necesaria protección de la salubridad pública», zanja finalmente la exposición de motivos para su aprobación.
Contra este acuerdo de aprobación definitiva se podrá interponer recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses.
