El Ayuntamiento de Arroyomolinos ha puesto en marcha de una línea de ayudas directas para el tejido industrial, autónomos, comerciantes y pymes, que se hayan visto obligados a cerrar su actividad como consecuencia del Estado de Alarma. O que hayan visto cómo su facturación se redujo en el mes de abril de este año, en más de un 75% con respecto al mes de abril del año 2019.

En concreto, ha informado el Consistorio, se establece una ayuda directa de 800 euros para cada autónomo, comerciante o pyme afectada. Serán beneficiarios de esta ayuda las empresas o empresarios, personas físicas, jurídicos, sociedades civiles y otras entidades con personalidad jurídica que pueden justificar que puedan justificar lo anterior en abril, con respecto al mismo mes del año 2019. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles desde este miércoles.

Los interesados presentarán su solicitud cumplimentando el formulario web denominado ‘Solicitud de ayudas a empresarios destinadas paliar la emergencia económica, exclusión social y el desempleo provocado por el Covid-19’, disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento de Arroyomolinos.

También se podrán presentar las solicitudes de manera presencial, junto a la documentación requerida, en el Registro General del Ayuntamiento o en el de la Concejalía de Comercio.

“El objetivo de estas ayudas es tratar de paliar el riesgo de exclusión social, por razón económica y potencial de desempleo, que se ha producido como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19, y que ha llevado al cese de actividad total o parcial de muchos negocios”, ha dicho la alcaldesa, Ana Millán.

Así ha reiterado que “con esta línea de ayudas, queremos contribuir a evitar la desaparición de los autónomos como autoempleados y fomentar que, las empresas y empresarios del municipio, puedan mantener sus plantillas, una vez superada la crisis y retomada la actividad”.

Se trata de una de las medidas que están incluidas en el ‘Plan Reactívate Arroyomolinos’,  dotado con 1,5 millones de euros y consensuado por Gobierno, oposición y agentes sociales.