Nueva batalla política en ESMASA. La empresa municipal de limpieza y recogida de residuos no deja de ser una arma arrojadiza entre Gobierno y oposición. Lo fue la pasada legislatura y en esta sigue por los mismos derroteros.

Y es que recientemente, el PP de Alcorcón no ha dudado en comparar a ESMASA con una “agencia de colocación” para el PSOE local y el de Móstoles. Todo ello coincidiendo con el polémico nombramiento de la hermana de la alcaldesa mostoleña, Noelia Posse, como responsable de las redes sociales. Proceso que al final ha sido revocado.

Pues bien, para el PP de Alcorcón “Noelia Posse se sirve de su amistad con Natalia de Andrés, para utilizar ESMASA como agencia de colocación”. Así suman al anterior escándalo que el hermano del número tres del PSOE de Móstoles trabaja en la empresa municipal de limpieza de Alcorcón. “Y todo esto en menos de 5 kilómetros de distancia. Los socialistas del sur de Madrid se reparten los puestos de las empresas públicas a su antojo”, denuncian.

Los populares hablan de la vinculación del encargado general de ESMASA con la número tres del PSOE de Móstoles

En este sentido, los populares señalan que Rebeca Prieto Moro es “casualmente” responsable del área de limpieza de Móstoles, y que eso “ha mejorado sustancialmente la posición del actual encargado general de ESMASA, Fidencio Prieto Moro, tanto en su situación laboral en la empresa como su salario mensual”.

Ana Gómez, portavoz del PP, se queja de que “no se puede consentir que la alcaldesa y su socio de gobierno de extrema izquierda utilicen, como la alcaldesa de Móstoles, también socialista al ayuntamiento y sus empresas como agencia de contratación de sus amiguetes”.

“FALTA DE ÉTICA”

Este no sería el único caso que ocurre en ESMASA, según la versión del PP. Y es que los populares insisten en la “falta de ética de nuestra alcaldesa”, a la que también acusan de “servirse de esta empresa para permitir este tipo de contratos”.

En este sentido, informan que “hace unos días vimos como el abogado que perdió la causa judicial de la huelga de basura abusiva que sufrió Alcorcón en 2014, y por el que fueron condenados algunos trabajadores que la secundaron, entre los que se encuentra el actual presidente de ESMASA, cobrará unos 20.000 euros al año por trabajar cuatro horas a la semana y desde casa. No necesita aparecer en el trabajo físicamente a pesar de cobrar más de 1.600 euros al mes”.

“A este contrato”, siempre según el Partido Popular de Alcorcón, “se suma el de otro afortunado que cobrará 28.000 anuales por trabajar 20 horas semanales. Es decir, 2.330 euros al mes por trabajar cuatro horas al día. Su función será comercial y de innovación”.
Con todas estas contrataciones, los populares consideran que se trata de “un peaje político muy alto a través del dinero público de todos los vecinos. Favores personales que se saldan a través de la empresa municipal”.

“EL PP MIENTE”

Tras la denuncia pública del partido que lidera en el municipio Ana Gómez, Al Cabo de la Calle ha hablado con la empresa municipal de limpieza y recogida de basuras. Así, fuentes de la compañía pública expresan que el actual encargado general al que hace mención el PP en su queja “es un profesional de la empresa desde el año 1997, que ha ejercido de capataz desde el año 2004 y posteriormente trabajó como subencargado con gobierno de distinto color político, incluido el PP”.

ESMASA recuerda que uno de los mencionados ya trabajaba en la empresa en la época del PP en el Gobierno

En este sentido, las mismas fuentes de ESMASA insisten en que se trata de “un profesional con gran experiencia y conocimiento dentro del sector y en especial en lo relativo a la limpieza viaria”, dando por zanjada la polémica.

Por su parte la alcaldesa, Natalia de Andrés acusa al PP de “mentir”. En este sentido, la regidora cree que “Ana Gómez es quien más tiene que callar”. De Andrés ha añadido que “yo no quería y llevo ocho años sin hacerlo pero voy a abrir la Caja de Pandora y a contar situaciones y ponerlas encima de la mesa. Como por ejemplo que el marido de la señora Gómez fue nombrado por los concejales del PP miembro de la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas. Cobraba 400 euros al mes por una reunión mensual”. Y sentencia que “era juez de las acciones que el Gobierno al que pertenecía su mujer realizaba”.