ULEG se da de bruces contra la Fiscalía de Área de Getafe-Leganés. Y es que el Ministerio Público ha decretado el archivo de las diligencias abiertas tras la querella de ULEG contra la compra de mascarillas, que el Gobierno de Leganés hizo en el inicio de la pandemia de Covid-19, a la Fundación Juan Muñoz.
Según el denunciante, Carlos Delgado Pulido, el dinero para la compra se obtuvo a través de donaciones a la cuenta de dicha Fundación, la suma de 128.579,47 euros. La campaña de donación habría transcurrido entre el 21 de marzo y el 29 de junio de 2020.
El propio ULEG llamaba la atención «sobre presuntas irregularidades en la gestión de la Fundación Juan Muñoz y en la adquisición y destino de material sanitario, con la involucración de otro Ayuntamiento (Sant Andreu de la Barca, provincia de Barcelona), gobernado por el mismo partido político que el de Leganés, el PSOE».
A raíz de eso se presentó una petición para constituir una comisión de investigación. Además, el partido de Carlos Delgado criticaba «el elevado precio de las mascarillas, a 12,44 euros la unidad de mascarillas N95». Al mismo tiempo aludía a la «anomalía de que el proveedor de estas mascarillas fuera un Ayuntamiento o a que alguno de los donantes fueran entidades pseudopúblicas cuya financiación provendría casi en exclusiva del propio Ayuntamiento».
Pues bien, la Fiscalía solicitó a la Fundación el extracto bancario y toda la documentación necesaria para dilucidar si las donaciones y compra de material se hicieron conforme a ley.
Sobre el precio de las mascarillas, el fiscal llama la atención de que «es público y notorio que existió un problema de suministros» al inicio de la pandemia
«Se ha examinado detenidamente el extracto aportado. Además de comprobar la extrema generosidad de particulares y empresas a la hora de afrontar la crisis generada por la pandemia, debemos destacar que en la inmensa mayoría de los casos nos encontramos ante transferencias de personas particulares, por importes reducidos», dice el fiscal instructor.
En el informe al que ha accedido Al Cabo de la Calle expone, asimismo, que «en cuanto a las facturas, las mismas corresponden a las transferencias emitidas y además se comprueba que los conceptos de los productos adquiridos guardan relación con el suministro de material para hacer frente a la pandemia».
NO HAY COMISIÓN DE DELITO
Practicadas, pues, las diligencias, el fiscal señala que «no queda evidenciada la comisión de ningún ilícito penal», dando portazo a las aspiraciones de ULEG, de tumbar al Gobierno de Santiago Llorente con esta querella.
«Efectivamente el dinero ingresado en tal concepto fue destinado a estas compras», dice el fiscal
«Lo que ha quedado evidenciado es que se procedió por una entidad privada a ofrecer una cuenta bancaria de su titularidad para recibir donaciones particulares para la compra de material con destino a la lucha contra la pandemia», aclarando que «efectivamente el dinero ingresado en tal concepto fue destinado a estas compras».
Y pese a que «llama la atención que se comprara material sanitario a un Ayuntamiento», el fiscal apunta que «esta operativa, en sí misma, no reviste apariencia delictiva alguna». Por lo tanto, a juicio de la Fiscalía, «no se aprecia indicio de la comisión de ningún delito que justifique acordar nuevas diligencias instructoras ni tampoco la interposición de denuncia alguna».
Finalmente, «en cuanto al precio pagado a dicha entidad por la adquisición de mascarillas, excesivo a juicio del denunciante, no debe olvidarse el contexto en el que tuvieron lugar esas compras, cuando es público y notorio que existió un problema de suministros de material médico a nivel internacional, lo que daría explicación del encarecimiento de este material».
Dicho lo cual, ordena el archivo de las actuaciones en un decreto sobre el que no cabe recurso.
LLORENTE LLAMA «CARADURA» A AYUSO
Por este caso, del que ahora la Fiscalía no ve delito, el alcalde de Leganés llamó «caradura» a Isabel Díaz Ayuso, después de que la presidenta madrileña sacará el asunto en un debate en la Asamblea de Madrid.
«Es vergonzoso que en marzo de 2020, cuando morían decenas de personas, alguien pueda pensar que hubo compra fraudulenta», dijo entonces el alcalde de Leganés.
