El control físico de acceso a los salones de juego y casas de apuestas en la Comunidad de Madrid (un total de 678) será obligatorio desde el próximo 18 de febrero. Además se establecerán “medidas de inspección para garantizar el cumplimiento” de prohibición de entrada de menores y de personas inscritas en el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego.

Así lo ha detallado el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, quien ha destacado que desde la Comunidad de Madrid se tiene “la tranquilidad” de conocer “perfectamente” el número y ubicación de locales donde se realizan actividades de juego en la región.

De esta manera, desde el próximo 18 de febrero, será obligatorio que exista un control físico de acceso en los 678 locales de la Comunidad, tal y como establece el Decreto que se aprobó el pasado mayo. Ya era obligatorio en los establecimientos en los que no se requería una obra de adaptación. Pero el Decreto de mayo dio un plazo para que los locales se adaptaran a esta previsión, con una fecha límite hasta febrero.

El Decreto recoge, además, que “estos locales deberán disponer de un servicio de control de admisión, situado a la entrada del local, que se encargará de la identificación de cuantos usuarios acudan al establecimiento y al registro de los que accedan al mismo, de manera que ninguna persona pueda entrar al interior del local sin haber pasado obligatoriamente por el servicio de control de admisión”.

20.000 INSPECCIONES AL AÑO

El Área de Juego de la Consejería que dirige López realiza al año en torno a 20.000 inspecciones a las casas de juego para evitar que se produzcan situaciones irregulares y actuando en su caso con “los instrumentos legales” que tiene a su alcance.

“Estamos tranquilos porque creemos que el control de menores está siendo responsable por parte de los gestores de estos centros y estableceremos medidas de inspección que garanticen el cumplimiento de la norma”, ha recalcado el consejero. Además, ha señalado que “en breve” habrá una reforma del régimen sancionador para elevar hasta 600.000 euros la sanción en caso de que se permita la entrada a un menor.

Asimismo, desde el Gobierno regional se está “estudiando” aumentar de 100 a 500 metros la distancia mínima entre salones de juego y colegios en aras a aumentar la protección de los menores dentro del Decreto de Planificación que está elaborando para regular el desarrollo de la actividad.