La exinterventora de Moraleja ha presentado dos demandas contra el Ayuntamiento por el impago de las retribuciones que le fueran retenidas como consecuencia del expediente disciplinario que le abrió el Consistorio y que el Ministerio de Hacienda y Función Pública archivaría al no detectarse ninguna falta administrativa.
En total, el Ayuntamiento debe abonar más de 25.000 euros a la exinterventora según se reconoce en un certificado administrativo que ya ha firmado la alcaldesa Valle Luna. El consistorio también deberá pagar los intereses y costas que correspondan.
