Durante siglos la Filosofía ha estudiado los principios de la ética y la moral. A veces juntos, a veces separados. Y otras veces mezclados con la legalidad. Ya decía Albert Camus, gran pensador francés, que un hombre -o mujer, por estos tiempos de sensibilidad- sin ética es una bestia salvaje soltada a este mundo. Tal es la importancia de mantener un compartimiento ético y que respete, o al menos intente respetar, los valores que una sociedad se ha dado. Más si cabe cuando esa persona o grupo de personas ostenta un cargo relevante. Un cargo de poder o de cierta influencia. Situaciones en las que la ética parece fundamental.
Desgraciadamente, entre las personas que forman ese poder, no suele imperar la buena ética, la rectitud. Pero también desafortunadamente, la falta de ética incluso de moral no significa que un acto sea ilegal. Todo lo contrario. La legalidad, en su relación con la ética, toma otro camino distinto y juzga un hecho concreto al margen de ella, la ética, y solo toma en consideración de lo legalmente expresado a través de un texto.
Así pasa en Alcorcón con la desfuncionarización iniciada en 2011 de forma muy loable por el alcalde David Pérez. Un regidor que, literalmente, se encontró la ciudad hecha añicos y sumida en la deuda. Una ciudad hecha unos zorros, como licencia que permite el sabio hablar español.
Pérez llegó a la alcaldía tras años de rodillo socialista. Un PSOE que cuando veía las orejas al lobo, allá por 2011, y vaticinaba una derrota sin paliativos -como así sucedió- utilizó en los últimos meses de Legislatura un instrumento legal permitido a los Ayuntamientos como es el de la funcionarización y convirtió en funcionarios a personal interino que, oh casualidad, mostraba afinidades -y en muchos caso carnet- al partido y sindicatos amigos.
Es decir, que el PSOE de entonces -que no ha cambiado y con Natalia de Andrés sigue siendo más de lo mismo- utilizó la ley para convertir en un chiringuito el Ayuntamiento. A través de este proceso de funcionarización, los socialistas quisieron “pagar” los servicios prestados y mantener el cortijo dentro de la Corporación.
De esta manera, en 2011 y en nombre de la ética, David Pérez intentó revertir el proceso, aunque el Consejo Consultivo le advirtió que pese a la inmoralidad de la funcionarización, a todas luces era legal. Pese a ello, el alcalde insistió en derribar a cabezazos el muro socialista levantado desde la legalidad, pero no desde la ética. Por lo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en nombre de la ley, ha tumbado la desfuncionarización de Pérez. Ha tumbado las aspiraciones de un alcalde obcecado y al que no le queda más remedio que acatar la decisión judicial del máximo órgano de justicia madrileño.
El respeto a los jueces y a sus decisiones es crucial en Democracia. Estos ya han hablado y han dejado sin efecto la desfuncionarización. Asúmalo alcalde y no deje que este proceso revierta en contra de las arcas públicas de Alcorcón, ahora que los inversores han salido al rescate de la ciudad tras el terremoto socialista de hace años.
