En líneas pasadas defendimos en este mismo espacio por qué la política de movilidad y el transporte iba a centrar gran parte de la batalla electoral en ciernes de aquí hasta mayo. Especialmente el PP -y a rebufo Ciudadanos– van a basar gran parte de sus aspiraciones electorales en esta materia, viendo el cariz que está tomando la decisión del Ayuntamiento de Madrid de seguir en sus trece en la limitación del uso del vehículo en la almendra central y la instalación de los semáforos de la A-5 como medida disuasoria.

Este último apartado es, quizá, el más preocupante para los vecinos del sur de la Comunidad de Madrid. Se calcula que más de un millón de conductores utilizan sus vehículos -y no por gusto- para acudir a sus puestos de trabajo en la capital. Un millón de conductores se traduce en un millón de votos, y hacia ellos se ha lanzado el PP, con el alcalde de Alcorcón, David Pérez, a la cabeza. Y lo cierto es que no le falta razón al regidor alfarero en erigirse defensor de los conductores del sur de Madrid frente a la cerrazón de Manuela Carmena y su equipo -los ex de Podemos en descomposición-.

La Constitución reconoce a los españoles el derecho a circular por el territorio nacional y eso hoy, con políticas como la de Carmena, está en riesgo

La actitud de Carmena y del Ayuntamiento de Madrid es intolerable. De un sesgo totalitario muy preocupante, pues antes de ofrecer alternativas al transporte privado, de consensuar la medida con otras administraciones afectadas y que tienen voz y voto, decide de forma unilateral y autoritaria cercenar la movilidad de un millón de madrileños del sur de Madrid. Menudo papelón también el de los socialistas de la región que, con la boca pequeña, dicen en privado: “esto es una locura”. Salvo en Alcorcón, que ya votaron en contra de paralizar hasta encontrar otra alternativa a esta política dictatorial de reducir la movilidad a los madrileños que residen en el extrarradio.

Porque al final lo que Carmena y su equipo están haciendo es crear ciudadanos de primera y de segunda. Utilizan Madrid capital como su cortijo y no se puede esperar al veredicto de las urnas para acabar con un ataque frontal a la movilidad. De ahí que, en un movimiento hábil, el PP de Madrid y el alcalde de Alcorcón tengan en la vía judicial el último recurso para intentar defender a libertad de movimientos de los vecinos del sur de Madrid.

Carmena decide de forma unilateral y autoritaria cercenar la movilidad de un millón de madrileños del sur de la Comunidad de Madrid

Porque la Constitución Española, en su artículo 19 -dentro de los derechos fundamentales- nos reconoce a los españoles el “derecho a circular por el territorio nacional”. Y eso hoy está en peligro por políticas de movilidad como las de Manuela Carmena y su patulea de concejales y palmeros alejados de toda realidad. Una suerte de políticos que llevan cuatro años vendiendo el humo de ser el Gobierno de la gente. Pero no de toda la gente, sino la suya. La del cortijo.

¿O acaso no son el pueblo los trabajadores que necesitan transitar por la A-5 para ganarse un sueldo que, a fin de mes, está masacrado a impuestos para mantener la poltrona de políticos como los de Ahora Madrid? Parece ser que no, por eso, con la Constitución y la lógica en la mano, que sean los tribunales quienes paren los pies a la sinrazón de la ‘nueva política’.