El artículo 33 de la Constitución española consagra el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Dos aspectos denostados por socialistas y comunistas, cuyas leyes protegen a los okupas y abandonan a los legítimos propietarios. Estos últimos, que con el sudor y esfuerzo de generaciones pasadas y presentes han podido comprarse una casa, o dos, que ahora se les okupa, quedando desamparados por la administración.
Con PSOE y Podemos en el Gobierno de España, el país vive esta anomalía, sí. Para más inri, sus señorías gozan como pocos de la propiedad y la herencia, mientras castiga (vía impuestos, además) a quienes tienen también este legítimo derecho. Ya se sabe: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Ese es el lema de un sanchismo que debe ser fulminado en las urnas el próximo 23 de julio.
“La Ley de Vivienda nos ha rematado”, expresa una vecina de Fuenlabrada, embarazada, que lleva tres años y medio padeciendo a los okupas, que no le pagan el alquiler pactado. Una mujer abandonada por este Gobierno
Ejemplos los hay a patadas. Como el de Irene Montero, a la sazón ministra de Igualdad. Dicho por ella misma, que conste, reconoció que el casoplón de Galapagar lo pudo comprar gracias a la herencia que le dejó su padre y al salario de su marido. Luego los ricos son los otros. Mientras ellos pueden, el pueblo llano al que prometieron representar, paga las consecuencias de su discurso, pero sobre todo, de sus políticas. Esas que favorecen a los okupas que, con este Gobierno, campan a sus anchas.
Así llegamos a Fuenlabrada, donde este fin de semana, un puñado de vecinos apoyaba a dos familias que llevan casi cuatro años sin que les paguen el alquiler, con sus viviendas okupadas. Una de las afectadas, embarazada además, confesaba que la Ley de Vivienda perpetrada por socialistas, comunistas y sus socios independentistas “nos ha rematado”.
Imaginen la impotencia de trabajar, ahorrar durante años privándote de vacaciones u otras actividades para comprar una casa; querer prosperar y alquilarla, para obtener un dinero con el que costear otra vivienda para poder desarrollar una familia. Y de golpe y porrazo, abusando de la confianza, aquellos a los que se la alquilaste deciden no pagar, porque el ordenamiento jurídico actual les protege. Te cortan tu crecimiento personal y el de tu familia, te generan problemas económicos y, peor aún, psicológicos. Tus sueños de prosperar se van por el sumidero, porque la clase política decidió que sus leyes no iban contigo, sino con los okupas.
Pues eso también se vota el 23 de julio, un modelo que fomente la usurpación de viviendas, u otro modelo que respete el consagrado derecho a la propiedad. Hoy son estas dos familias de Fuenlabrada, cuyo calvario va para casi cuatro años de duración; mañana podría ser cualquiera que esté leyendo estas líneas. A esa anomalía nos ha arrastrado este Gobierno en los últimos años, pero siempre es un buen día para rectificar, poner pie en pared y decir: hasta aquí hemos llegado. Y ese día será el próximo 23 de julio.
