Hace prácticamente un año, concretamente en junio, advertimos que la empresa municipal GISA parecía la Casa de Tócame Roque. Ya saben, el emblemático edificio ubicado en Chueca que servía entre los castizos para evidenciar conflictos entre los vecinos por herencias, impagos y diversos líos judiciales.
El símil de la casa con GISA venía a cuenta por el conocido como ‘caso Ganga’, en referencia al abogado Alberto Ganga. La Policía Nacional le investiga ahora de un delito que podría ser constitutivo de uso de información privilegiada para acceder a la empresa municipal. Ganga, presuntamente, sabía las preguntas del examen y entró en GISA con un 100% de los puntos. Duró en su puesto 29 días, sin llegar a pasar el periodo de prueba y tras varios litigios sobre la liquidación que le correspondía, en septiembre de 2015, cuando Sara Hernández ya era alcaldesa de Getafe, fue indemnizado por ese trabajo con 60.000 euros. Curiosamente Mónica Cerdá, la tercera en esta oscura pirámide, exconcejala del PSOE y persona de confianza de la alcaldesa, era la consejera delegada de la propia GISA. Y es ahora cuando Cerdá ha apuntado a Sara Hernández como la cabecilla de toda esta trama.
¿Cómo es posible una indemnización de 60.000 euros por 29 días de trabajo? ¿Quién dio la orden? ¿Con qué propósito?
Y por qué decimos trama. Pues porque Alberto Ganga es el abogado que, tras su suculento paso por GISA, inició acciones judiciales contra concejales del PP de Getafe por presuntas irregularidades en la construcción del Teatro de la calle Madrid. Es además, uno de los impulsores del partido político Impulsa Getafe, liderado por Roberto Benítez, exasesor del alcalde de Getafe Pedro Castro y también acusación en el conocido ‘caso Teatro’. Así pues, los populares, oliéndose la tostada, pusieron en conocimiento de la Justicia este ardid que siempre han calificado de venganza política.
Y de esta manera, con todos los protagonistas y hechos sobre la mesa, la Policía Nacional, por mandato judicial, ha iniciado las pertinentes investigaciones que ponen en un serio aprieto a Sara Hernández. La regidora socialista ha sido directamente implicada en el ‘caso Ganga’ por Mónica Cerdá cuando pasó por dependencias policiales para prestar declaración.
En el último Pleno llamó la atención que la alcaldesa, Sara Hernández, guardara silencio sobre este asunto en un evidente estado de nerviosismo
Las imputaciones de Cerdá sobre Sara Hernández no son nada baladíes. La alcaldesa de Getafe, de hecho, tuvo una oportunidad extraordinaria este martes en el último Pleno donde el ‘caso Ganga’ saltó de la arena judicial a la política. Sin embargo, llamó extraordinariamente la atención como Sara Hernández guardó silencio, en evidente estado de nerviosismo, no supo aclarar ninguna de las dudas, ni despejar la sombra de la presunta corrupción para financiar venganzas que pulula sobre su Gobierno.
Así mientras las pesquisas judiciales y policales continúan, es pertinente volver a preguntar a la alcaldesa: ¿cómo es posible semejante indemnización de 60.000 euros por 29 días de trabajo? ¿Quién dio la orden para validar este pago? ¿Con qué propósito? Sería oportuno que Sara Hernández, acorralada por el ‘caso Ganga’ respondiera en un Pleno extraordinario o, por qué no, una comisión de investigación paralela a la judicial.
