El Consejo de Ministros aprobaba este martes los indultos en favor de los nueve políticos condenados por malversación de caudales públicos y sedición , tras el Golpe de Estado del 1 de octubre de 2017. “El Gobierno ha tomado esta decisión porque es la mejor para Cataluña, para España, y la más conforme con el espíritu de concordia y convivencia de la Constitución”, decía en comparecencia pública el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Un Sánchez que insistía en que “una democracia fuerte no pide a nadie que renuncie a esas ideas, pero sí que las defiendan en el marco de la legalidad”. Y remarcaba que “la sociedad española quiere una Cataluña próspera, plural y solidaria y con alto grado de autogobierno, una Cataluña sin España ni sería europea ni próspera”.

La “gracia” del Gobierno llega sin que ninguno de los nueve condenados la solicitara previamente. Es más, insisten seguir adelante con el proceso. Algo que confirmaba el propio presidente de Cataluña, Pere Aragonés. “Exigimos al Estado que cese toda la represión y que se comprometa a trabajar para llegar a una solución acordada: es hora de un referéndum acordado, amnistía y autodeterminación”, expresaba.

Los indultos, que se publican en el BOE este miércoles, fijan un periodo de “seguridad” de entre 3 y seis años, que condiciona el perdón obtenido a que los nueve políticos no vuelvan a cometer delitos de similar envergadura. Los expedientes aprobados suponen la extinción total de las penas de prisión que les resta por cumplir a Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turul, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Forcadell y Dolors Bassa.