En pleno Puente de la Constitución y la Inmaculada Concepción, el Gobierno de PSOE y Podemos va a aprovechar la derogación del delito de sedición para asaltar definitivamente el Poder Judicial. Y lo va a hacer presentando dos enmiendas en este texto con las que lograr colar a sus jueces afines en el Pleno del Tribunal Constitucional, entre ellos el exministro de Justicia y marido de Meritxell Batet, Juan Carlos Campo, y la exasesora de Moncloa, Laura Díez, y conseguir así la mayoría socialista en el órgano constitucional.
Una de las enmiendas supone reformar la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial (LOPJ) y cambiar la mayoría de tres quintos que debe sumar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la elección de los dos magistrados al Constitucional que le corresponden. De aprobarse, bastará la mayoría simple.
Con la nueva redacción del texto, en concreto el artículo 599.1.1ª, los vocales del CGPJ tendrán dos días para proponer a la Presidencia sus candidatos a magistrado del Constitucional, con un máximo de uno por cabeza. Luego la Presidencia dispondrá de tres días hábiles para convocar un Pleno extraordinario y elegir a esos dos magistrados.
Ya en ese Pleno, los candidatos se someterán a elección, sin obligación de un quórum mínimo y una votación única que no tendrá carácter secreto. De esta forma, cada vocal podrá votar a un solo candidato, siendo elegidos aquellos dos con más votos y no los tres quintos que hasta la fecha se exigen.
Para más inri, PSOE y Podemos amenazan a los vocales del CGPJ que «insistan en el bloqueo» con responsabilidades «de todo orden, incluida la penal».
La segunda enmienda modificará la Ley Orgánica 2/1979 del Constitucional de modo que, si pasados los 9 años y 3 meses de mandato de los magistrados propuestos por el CGPJ y por el Gobierno, «uno de estos dos órganos no hubiera realizado su propuesta», se procederá «a la renovación de los magistrados designados por el órgano que haya cumplido con su deber constitucional». De esta manera, PSOE y Podemos acaban con la unidad del tercio del TC que corresponde nombrar al Gobierno y al CGPJ.
De esta forma, se elimina la necesidad de verificación por parte del Tribunal Constitucional de los nuevos magistrados. Según un nuevo apartado al artículo 19 de la ley del Constitucional, serán las instituciones proponentes (el Congreso, el Senado, el CGPJ y el Gobierno) quienes estén obligados a comprobar que los magistrados elegidos cumple con los requisitos.
PP Y VOX LO RECURRIRÁN
Los respectivos presidente del PP y VOX ya han anunciado que no permitirán este «atropello» y recurrirán al Tribunal Constitucional y las instituciones europeas. Sin embargo, para cuando el órgano judicial de garantías quiera resolver, ya habrá pasado el tiempo suficiente para que Sánchez consume su golpe al Poder Judicial.
Por su parte Santiago Abascal ha dicho que hablará con el PP y otras formaciones para proponer un «candidato neutral» a través de una nueva moción de censura, «sea cual sea el resultado».
