El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Getafe ha dictado un auto en el que declara el ‘caso Ganga’ como causa compleja. Esto supone que la instrucción se amplíe por un espacio de 18 meses debido a que la investigación no puede completarse en el plazo de seis meses que estipula la ley.
El juez, a raíz de la petición formulada por el Ministerio Fiscal, afirma que procede declarar la complejidad de la causa, “máxime dada la naturaleza de los hechos que se investigan y el tiempo que requeriría la práctica de diligencias que pudieran acordarse”, según el auto, al que ha accedido Al Cabo de la Calle.
En el ‘caso Ganga’ se investiga el pago de 60.000 euros en concepto de indemnización al abogado Alberto Ganga, que únicamente trabajó durante 29 días en la empresa municipal GISA y en un período de pruebas que no superó. El abono de esa cantidad se aprobó en septiembre de 2015, sólo tres meses después de que Sara Hernández fuese investida alcaldesa de Getafe.
En el ‘caso Ganga’ se investiga el pago de 60.000 euros en concepto de indemnización al abogado Alberto Ganga, que únicamente trabajó durante 29 días en la empresa municipal GISA
El PP de Getafe, acudió al juzgado y presentó una querella por prevaricación y malversación de fondos públicos contra Sara Hernández, como presidenta del Consejo de Administración de GISA; contra la concejal Mónica Cerdá, que en aquel momento era consejera delegada; contra Juan Manuel Hernández, gerente de GISA y de la máxima confianza de la alcaldesa; así como contra el letrado Alberto Ganga.
Como consecuencia de esa querella, la edil Cerdá, el gerente y el citado abogado fueron citados ante la Policía Nacional. Sara Hernández es la única que no ha sido llamada a declarar por el momento. Debido a esta circunstancia, el PP de Getafe presentó un escrito ante el Juzgado en el que pedía la imputación de la alcaldesa, sobre todo después de que la concejal Cerdá dijese en sede policial que fue la Alcaldía “quien daría las indicaciones pertinentes a la Gerencia de GISA”.
Por eso se ha vuelto a pedir que la edil Cerdá y el gerente de la empresa municipal sean citados de nuevo como imputados -esta vez ante el juez y no ante la Policía- a raíz de la declaración de M.R.V. Se trata de la letrada a la que en su día se le encomendó la defensa de los intereses de GISA en el despido de Ganga y que en sede judicial afirmó que le ofreció al abogado la cantidad de 47.000 euros -60.000 si se suman los impuestos- “cinco minutos antes de entrar en la sala” en la que se iba a celebrar el acto de conciliación.
El PP de Getafe siempre ha sostenido que el Gobierno de Sara Hernández “urdió una presunta trama corrupta, con apariencia de legalidad, para pagar con dinero público los honorarios de Ganga en la causa abierta contra ediles del PP en el ‘caso Teatro’.
