El sistema de expropiación del Gobierno de Getafe para desarrollar Los Olivos podría acabar en los tribunales

El Gobierno de Sara Hernández inicia con mal pie la tercera ampliación del polígono industrial de Los Olivos. Con una extensión de 803.000 metros cuadrados aproximadamente en el término municipal de Getafe, el Ejecutivo municipal ha elegido el sistema de expropiaciones para su desarrollo, a través de un proyecto cuya redacción ya ha sido adjudicada.

Fue en marzo de 2021, cuando la sociedad municipal GISA publicó la consulta preliminar de mercado de referencia para la futura licitación del polígono. Una consulta en la que participaron cuatro empresas, como consta en los expedientes de la compañía pública.

En mayo de 2021, GISA publicó la licitación para redactar este proyecto, con un pliego de condiciones donde se recogían una serie de requisitos “imposibles de cumplir salvo por una empresa”, entienden los propietarios de los terrenos que el Ayuntamiento pretende expropiar. Estas sospechas de hecho, les llevaron a presentar un recurso ante del Tribunal Administrativo de Contratación de la Comunidad de Madrid.

Los propietarios de terrenos se sienten perjudicados por las actuaciones del Ejecutivo municipal y creen que “antes o después, tanto la alcaldesa como el concejal de Urbanismo deberán responder, posiblemente, ante la justicia”

No fue hasta el mes de septiembre, cuando GISA hizo público el resultado de la licitación, cumpliéndose los pronósticos de los dueños del suelo. “Solo se presentó una empresa, la cual efectivamente cumplía los requisitos y cuya oferta fue un 28% inferior al precio de licitación, por lo que debió desestimarse tanto por ser una oferta anormalmente baja como por la falta de concurrencia”, denuncian los propietarios de las parcelas afectadas, en Al Cabo de la Calle.

“Es curioso que GISA emita un informe justificando dicha oferta anormalmente baja, como así refleja el acta de GISA de 23 de septiembre, y todavía más sorprendente que esta acta sea publicada sin la firma de los asistentes”, añaden.

RETRASOS EN LAS CONEXIONES DE PERALES

El 4 de noviembre, Al Cabo de la Calle publicó que el Gobierno local retrasaba la creación de 10.000 puestos de trabajo, así como la conexión de Perales del Río con el centro de Getafe. Y curiosamente, a raíz de la información, los propietarios de terrenos recibieron un escrito del concejal de Urbanismo, Jorge Juan Rodríguez, que contestaba a su solicitud del 11 de junio, donde solicitaban respuestas y aclaraciones sobre la propuesta de cambio de sistema de expropiación a compensación que éstos solicitaron en enero de 2020.

Una contestación acompañada de un informe “con afirmaciones técnicas erróneas e infundadas”, denuncian, ya que “casualmente se emitió un día después del artículo publicado”.

En este sentido, los empresarios de Los Olivos han vuelto a pedir por vía administrativa explicaciones de todo el proceso, recordando que “estas actuaciones del Gobierno de Sara Hernández han provocado 2 años de retrasos. Las obras de urbanización ya podrían estar iniciadas y los vecinos de Getafe beneficiarse de 10.000 puestos de trabajo, así como la conexión de Perales”.

Así inciden en que “es inaceptable que tras 17 años de retraso en el desarrollo y dos de ellos con una solicitud de los propietarios para iniciarlo de forma rápida y ágil, tanto la alcaldesa Sara Hernández como el concejal de Urbanismo, Jorge Juan Rodríguez, en vez de realizar su trabajo y dedicarse a resolver los problemas de los getafenses, se dedican a través de GISA a jugar al Monopoly realizando publicaciones absurdas y sin contenido”.

Y es que a su juicio consideran que con el sistema de expropiaciones “la alcaldesa Sara Hernández y el concejal de Urbanismo, Jorge Juan Rodríguez ocultan que esa vía será tremendamente lenta y seguramente no se podrá ver su resultado, si es que lo tiene, por lo menos hasta dentro de ocho años, como ya pasó con el Sector urbanístico Los Gavilanes (con juicios incluidos), o los 3.800.000 m² de ‘La Carpetania 2ª fase’, aprobado definitivamente en febrero de 2007, los cuales han sido expropiados y de los que hoy, 14 años después, no hay ningún avance”.

Por todo ello, se preguntan: “¿quién se beneficia de estas actuaciones?”, asegurando que “antes o después, tanto la alcaldesa como el concejal de Urbanismo deberán responder ante los getafenses, ante nosotros los propietarios, y posiblemente ante la justicia”.