El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite un recurso del diputado del PP en la Asamblea de Madrid, Daniel Portero, contra los beneficios penitenciaros concedidos por el Gobierno de España a terroristas de ETA.
Más concretamente, el acercamiento del criminal Harriet Iragi de la cárcel de Castellón a la de Logroño, firmado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en marzo de este año. Y también el de Juan Antonio Olarra Guridi, que fue trasladado a la cárcel de Logroño desde el centro penitenciario de Granada.
Iragi, integrante del comando Andalucía de ETA, fue condenado a 128 años de cárcel por los asesinatos del concejal del PP de Málaga, José Martín Carpena; el coronel médico, Antonio Muñoz Cariñanos; y el fiscal de Granada, Luis Portero, padre del recurrente Daniel Portero.
El Alto Tribunal madrileño da así un plazo de veinte días al ministro Marlaska, para que entregue los expedientes por los que se otorgaron beneficios penitenciarios a estos dos asesinos, en contra del criterio de la Junta de Tratamiento.
En solo dos años, el Gobierno de Pedro Sánchez ha firmado un un total de 236 traslados que han beneficiado a 195 etarras, la mayoría con delitos de sangre. Al menos por dos de ellos, los socialistas tendrán que dar explicaciones.
