El Ayuntamiento de Leganés ha informado este viernes de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha reiterado a la Comunidad de Madrid que debe cumplir las medidas cautelarísimas que ya decretó el pasado 27 de abril y que obligaban al Gobierno regional a medicalizar las residencias de mayores de Leganés. El TSJM pide además en este nuevo auto a la Comunidad que facilite el nombre del funcionario de Sanidad que se responsabilizará de cumplir el auto.

El Ejecutivo leganense añade que el TSJM insta también al Gobierno regional a emitir “cada siete días naturales” un informe en el que se detallen las acciones realizadas en cada uno de los centros de la ciudad. Estas medidas deberían aplicarse en las residencias Los Frailes, Domus Vi, Vitalia Home, Nuestra Señora de Butarque, Los Balcones, Amavir El Encinar, Valdepelayo y Valdeluz.

Esta segunda resolución llega después de que el Ayuntamiento de Leganés presentase el pasado 6 de mayo un nuevo escrito al TSJM en el que exponía que la Comunidad de Madrid no había cumplido las medidas cautelarísimas establecidas por el Tribunal. Este escrito, apoyado en un informe policial, acusaba a la Comunidad de Madrid de no llevar a cabo las medidas necesarias para dotar de personal y material técnico a ocho residencias de ancianos de Leganés, tal y como ordenaba el auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal del pasado 27 de abril.

EL PERSONAL MÉDICO Y SANITARIO ENVIADO ES “INSUFICIENTE”

Según apuntan desde el Gobierno local, el TSJM reconoce que la Comunidad de Madrid ha actuado en alguno de los centros realizando acciones de desinfección o enviando material farmacológico pero de los documentos no se desprende que haya dotado de “personal médico, de enfermería, ni de auxiliar sanitario concreto a cada una de las residencias en número que permita constatar la adecuada atención sanitaria ante la que nos encontramos”.

El TSJM califica además de “insuficiente” el personal médico y de enfermería que se hace constar como enviado “para la atención del número de ingresados y enfermos existentes en las mismas” al igual que no se acredita los residentes que han sido atendidos en las residencias o los que han sido derivados a un hospital.

El auto explica que la Comunidad conoce a la perfección lo que es medicalizar una residencia, algo que se hace desplazando al centro “equipos de profesionales sanitarios suficientes y adecuados a la situación de emergencia sufrida” y resalta además que no es suficiente con enviar el materia preciso sino que además es necesario adoptar medidas organizativas que garanticen el derecho a la protección de la salud”. El TSJM señala la posibilidad de modificar “incluso el uso de estos centros para que sean utilizados como espacios de uso sanitario, puesto que no lo eran, en todo o en parte de sus instalaciones”.

Según los informes policiales en estos ocho centros de Leganés habrían fallecido hasta ese momento al menos 200 personas y la mitad de los residentes habrían dado positivo en los test de coronavirus.