La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) resolverá «en breve» la solicitud de medidas cautelares interpuesta por el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid contra la ordenanza de Movilidad por la que se regula Madrid Central y que está previsto que entre en vigor el 30 de noviembre.
Será la Sección Segunda la que en los próximas días se pronuncie sobre si paraliza de forma provisional o no la puesta en marcha del proyecto del Gobierno de Manuela Carmena para reducir el tráfico en el centro de la capital tomando como modelo ciudades europeas como Berlín o Londres. Al tratarse de la petición de cautelares y no de cautelarísimas, los magistrados del Alto Tribunal madrileño no tienen la obligación legal de resolver el tema en 48 horas.
El pasado 29 de octubre, el portavoz del Grupo Municipal del PP, José Luis Martínez-Almeida, anunció la interposición del recurso y esgrimió que el decreto se firmó «sin previo aviso» debido a una «voluntad de imposición sobre un determinado modelo del centro, que perjudicará no solo al centro sino al conjunto de la ciudad».
«No puede ser que el viernes se sienten con la Comunidad a tratar de ver cuáles son las soluciones en transporte público, y después se apruebe este decreto a los dos días. ¿Qué estudio tiene? Ninguno. Si tuviera voluntad de entendimiento no se hubiera presentado con un folio de 10 hojas«, señaló.
