La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido este viernes en la legalidad del contrato público vinculado a su hermano y ha ironizado con que «solo falta la ONU» por fiscalizarlo.

Así ha respondido la dirigente regional a las preguntas de los periodistas, en un acto en Brunete, sobre la solicitud de la Fiscalía Europea a la Fiscalía Anticorrupción de hacerse cargo de las diligencias abiertas por este contrato, al entender que podría existir un delito de malversación de fondos europeos, ya que las mascarillas se pagaron con fondos Feder.

Ayuso ha hecho hincapié en que «la Fiscalía ha dejado claro que no hay ningún tipo de delito, que no hay ningún tipo de corrupción», tal y como «manifestó en su auto hace semanas».

Además, ha subrayado que lo mismo ha manifestado «la Cámara de Cuentas, que es un organismo independiente»; «la Intervención de la Comunidad, compuesta por funcionarios independientes», y «lo mismo que ha valorado la comisión de contrataciones de la Asamblea».

«Ya no sé en cuántos más organismos se va a fiscalizar esta historia. No sé a quién le interesa hacerlo así pero, sinceramente, después de tantos organismos falta la ONU por pronunciarse al respecto», ha declarado.

CONTRATO AVALADO POR LA CÁMARA DE CUENTAS

Por su parte, fuentes del Gobierno regional han sostenido que la reclamación que realiza la Fiscalía Europa «es una acción con nula repercusión judicial», que, a su parecer, «no cuestiona la legalidad del contrato, que cuenta con el respaldo de la Cámara de Cuentas».

Sugieren, estas mismas fuentes, que «dicha reclamación puede obedecer a que las diligencias abiertas por la Fiscalía española se aboquen a un rápido archivo de todo el asunto». «Se trataría, por tanto, de un intento de alargar el asunto en los medios de comunicación, al no tener recorrido en los tribunales», han sentenciado.

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