El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha declarado ante la juez, Carmen Rodríguez Medel, que a principios de marzo “no había ningún elemento que le llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental” como era el de manifestación del 8-M. Por lo que ha dicho que actuó con arreglo a la ley y siguiendo las recomendaciones de los expertos.

“No puedo considerarme responsable del 8-M porque no había ningún elemento en aquel momento que me llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental”, máxime “cuando se estaban celebrando muchos acontecimientos en Madrid que no tenían que ver con derechos fundamentales”.

A Franco le acusan varias acciones populares en relación con la actuación de su departamento durante los días previos a la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus, pese a las advertencias del riesgo de contagio.

La Fiscalía no encuentra indicios de delito y solicitó el archivo de la causa, al igual que ha hecho su defensa, que ejerce la Abogacía del Estado, si bien la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid rechazó ayer esta pretensión. Y los informes de la Guardia Civil y el forense apuntan todo lo contrario.

“Por supuesto, no está acreditado bajo ningún concepto que el incremento de casos que se dio el día 9 tuviese que ver con la manifestación del día 8. Entre otros motivos, porque los técnicos sanitarios saben que si se produce el contagio, tarda en manifestarse más o menos 14 días”, ha especificado el delegado del Gobierno.

“LAS MANIFESTACIONES NO SE AUTORIZAN”

Los medios de comunicación le han preguntado, a su salida del Juzgado, si cree que actuó correctamente al permitir la marcha del 8-M. Franco ha recalcado que “las manifestaciones no se autorizan” y que en todo caso lo que se podría haber hecho “eventualmente” era prohibirla. Pero ha reiterado que, en aquel momento, “no había ninguna recomendación que llevase a la Delegación del Gobierno a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental”.

Finalmente, el delegado del Gobierno en Madrid ha afirmado que no está de acuerdo con las conclusiones que reflejan esos documentos, pero ha recalcado que tiene “un gran respeto a la Guardia Civil como institución, como a la justicia en un Estado de Derecho” como es España. Por lo que espera que “la justicia haga su trabajo”.