El Ayuntamiento de Getafe ha decidido incrementar un 25%, hasta los 120.000 euros, las subvenciones dirigidas a entidades sin ánimo de lucro y de la economía social, cuyas actuaciones se dirigen a generar empleo entre los vecinos con más dificultades en su acceso al mercado laboral.

En la convocatoria, que se realizará en las próximas semanas, el Ayuntamiento destaca que se incorporan importantes novedades para mejorar las condiciones de los colectivos más afectados por la COVID-19, como la eliminación de la cantidad máxima subvencionable, y la especial atención a trabajadores y autónomos cuyos empleos y negocios se han visto afectados por la pandemia.

La alcaldesa, Sara Hernández, y la concejala de Empleo y Desarrollo Económico, Gema Cáceres, mantuvieron recientemente una reunión con los representantes de las entidades sociales YMCA; COCEMFE; Cruz Roja; Murialdo; Amar Dragoste; Cáritas y CEAR, para informarles de primera mano de estas ayudas.

Según ha explicado Cáceres, “ahora más que nunca, estamos enfocados en dinamizar los mercados laborales y la inserción laboral, especialmente de aquellas personas con una baja empleabilidad. Desde el Gobierno Municipal consideramos fundamental colaborar con las entidades del Tercer Sector y así llevar a cabo acciones coordinadas para reducir las cifras de desempleo que ha generado la pandemia”.

Esta iniciativa forma parte de la Estrategia por el Empleo de la ciudad, que ha realizado el Gobierno municipal, adaptándose a las nuevas circunstancias producidas por la COVID-19, y que cuenta con más de 160 propuestas para el periodo 2020-2023, apostando por un modelo productivo basado en la sostenibilidad, la rehabilitación y el uso responsable de los recursos naturales.

MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y EL ACCESO AL EMPLEO

Estas subvenciones se enmarcan en el eje denominado ‘Acompañamiento a la ciudadanía’, donde uno de los objetivos es la mejora de la empleabilidad, y de los procesos de acceso al empleo de la población desempleada.

Para paliar los efectos de la crisis sanitaria y económica de la COVID 19, se contemplan novedades respecto a años anteriores. Como mínimo, un 50% de los beneficiarios deberá encontrarse en riesgo de exclusión social por motivos de pobreza; bien ser personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33%; mujeres víctimas de violencia de género; personas refugiadas; jóvenes sin estudios de Enseñanza Secundaria Obligatoria, o en situación de riesgo psicosocial; adultos sin estudios de Enseñanza Secundaria Obligatoria; trabajadores desempleados procedentes de cese como consecuencia de la pandemia; así como trabajadores desempleados procedentes de finalizaciones de contrato o despidos producidos como consecuencia de la crisis sanitaria; y personas perceptoras de rentas mínimas o salarios sociales.