El Ayuntamiento de Getafe, al igual que el resto de consistorios de toda España, anunció la futura implantación de una tasa obligatoria para el tratamiento y gestión de residuos urbanos. No obstante, en el municipio madrileño este nuevo impuesto, dirigido a costear los servicios de recogida de basuras, aplicará tarifas diferenciadas a los hogares en función de su situación socioeconómica y familiar. De este modo, las familias numerosas, aquellas en riesgo de exclusión social y quienes reciclen con mayor frecuencia recibirán bonificaciones.
Según la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, el objetivo es tratar de bonificar la tasa de residuos «de forma progresiva, solidaria y sostenible». De este modo, las familias en situación de exclusión social podrán solicitar un 55% de reducción sobre la cuota fija, mientras que las familias numerosas generales, contarán con un 20% de reducción sobre la cuota variable, y las especiales del 40%.
Según el propio consistorio, esta medida busca fomentar la conciencia medioambiental premiando el reciclaje y ayudar a las familias más vulnerables. Sin embargo, la preocupación ahora es si esta diferenciación fiscal no generará nuevas desigualdades entre los vecinos de Getafe. Mientras que algunas familias se beneficiarán de importantes descuentos, otras, con ingresos ajustados pero no incluidas en las categorías protegidas, podrían enfrentar cargas fiscales desproporcionadas.
El PP critica el ‘basurazo’
La implantación de esta tasa llega en un contexto de crecientes dificultades económicas para muchas familias, que ya enfrentan subidas en otros servicios y costes municipales. Según algunas estimaciones, la nueva tasa podría suponer hasta 300 euros anuales por hogar, lo que genera inquietud entre los vecinos, especialmente aquellos que no recibirán bonificaciones y para quienes la carga financiera será mayor.
Hace ya unos meses, el portavoz del Partido Popular de Getafe, Antonio José Mesa, criticó el `basurazo´ por suponer un ataque al bolsillo de las familias del municipio. Según el PP, este impuesto supondrá repercutir negativamente un coste aproximado de 100 euros anuales por vecino y hasta 300 euros al año por hogar.
Por tanto, el objetivo de Mesa es ahora volver a eliminarlo como ya hicieron en su momento hasta que la actual alcaldesa lo volvió a poner en marcha. Pero no es el único municipio en el que se han rebelado contra esta medida, ya que cerca de 4.000 vecinos de Valdemoro han recogido firmas contra la implantación de este impuesto.
