La Policía Nacional interrogó como investigados no detenidos -nueva denominación para los imputados- a la concejal del Ayuntamiento de Getafe, Mónica Cerdá, y al gerente de la empresa municipal GISA, Juan Manuel Hernández, en el marco de las pesquisas abiertas para esclarecer un posible caso de corrupción en el Gobierno de Sara Hernández.

En su comparecencia ante la Policía el pasado 9 de marzo, la edil sostuvo que no participó en el acuerdo alcanzado con el abogado Alberto Ganga para pagarle 60.000 euros en indemnización por haber trabajado en GISA solo durante 29 días y en un período de pruebas que no superó. El propio Ganga también tuvo que declarar en sede policial por este asunto.

En las fechas en las que se firmó el pacto entre la empresa y el letrado, en septiembre de 2015, Cerdá era la consejera delegada de la empresa pública, labor que dejó de desempeñar en la primavera de 2017 después de que la alcaldesa Sara Hernández la apartarse de su Gobierno y la expulsase con posteridad del PSOE.

De acuerdo al atestado policial al que ha tenido acceso Al Cabo de la Calle, la concejal del Ayuntamiento apuntó directamente a Juan Manuel Hernández al señalar que la indemnización pagada a Ganga fue un asunto que gestionó el gerente de GISA. Hernández, por su parte, fue citado por la Policía el 5 de marzo, pero se acogió a su derecho a no declarar.

Este caso se ha destapado después de que el PP de Getafe presentase una querella porque sostiene que el pago de la indemnización al abogado Ganga puede suponer un delito de prevaricación y otro de malversación. La denuncia se interpuso contra el letrado, contra la concejal Cerdá, contra el gerente de GISA, así como contra la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, en su condición de presidenta del Consejo de Administración de la empresa municipal.