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Sara Hernández, alcaldesa de Getafe, acorralada por el ‘caso Ganga’. Su futuro político se complica aún más, sobre todo a raíz de la declaración ante la Policía de la concejal Mónica Cerdá, exconcejala del PSOE local y ahora edil no adscrita del Ayuntamiento de Getafe.

Cerdá compareció el 9 de marzo en sede policial en calidad de investigada, e implicó a la alcaldesa en este turbio asunto, en el que se investiga el pago de 60.000 euros al abogado Alberto Ganga por trabajar únicamente durante 29 días, y en un período de pruebas que no superó, en la empresa municipal GISA.

La concejala no adscrita fue muy explícita ante la Policía al señalar que “fue la Alcaldía quien daría las indicaciones pertinentes a la Gerencia de GISA”. De esta manera, Cerdá aludía directamente a Sara Hernández, que es la presidenta del Consejo de Administración de la empresa pública.

Según el atestado policial, al que ha tenido acceso Al Cabo de la Calle, la concejala dijo que la presidencia del citado Consejo “era el órgano competente” para decidir sobre el abono de los 60.000 euros al letrado Albero Ganga.

De la declaración de Cerdá, que fue consejera delegada de la entidad, se desprende que la alcaldesa la ‘puenteó’ y trató directamente la indemnización que se pagó a Ganga con el gerente de GISA, Juan Manuel Hernández, que también fue citado a declarar como investigado ante la Policía el 5 de marzo.

La investigación del ‘caso Ganga’ se inició después de que el Partido Popular de Getafe presentase una querella por prevaricación y malversación de caudales públicos contra la alcaldesa, Sara Hernández; el abogado, Alberto Ganga; Mónica Cerdá y el gerente de GISA.