Ahora, Hacienda somos todos. No nos engañemos. Este fue el eslogan que apareció a finales del mes de mayo de 1978, gracias a una campaña publicitaria lanzada por el Ministerio de Hacienda, que por aquel entonces dirigía Francisco Fernández Ordóñez bajo el Gobierno de Adolfo Suárez -años más tarde sería el titular de Exteriores, bajo la batuta de Felipe González-. Con este lema, Hacienda pretendía que todos los ciudadanos españoles, por igual, presentasen la declaración de la Renta. Y a poder ser, sin defraudar.

Y es verdad: ‘Hacienda somos todos’. Con nuestra renta, nuestros impuestos directos e indirectos, se pagan servicios como el transporte (mantenimiento de carreteras, puertos y aeropuertos), Educación o una Sanidad pública, envidia mundial. También pensiones o prestaciones por desempleo. No nos engañemos, como decía el Ministerio, esto no es una dádiva del Estado, si no un derecho adquirido con nuestra sangre, sudor y lágrimas. Así que sí: hay que pagar impuestos y contribuir al sostenimiento de todo esto.

De 1978 a 2021. La campaña de la Renta y Patrimonio de 2020 comenzará el miércoles 7 de abril de 2021, para la presentación de declaraciones por Internet. No será hasta el 2 de junio cuando se pueda hacer de forma presencial. Recordemos que los contribuyentes tienen que presentar declaración por IRPF cuando sus rendimientos del trabajo superan los 22.000 euros. Eso sí, cuando cuentan con dos o más pagadores -sería el caso de un empleador y del SEPE-, ese límite se reduce a 14.000 euros, siempre y cuando el importe percibido por el segundo y restantes pagadores supere los 1.500 euros. Una situación que, por la pandemia, va a afectar al bolsillo de muchos españoles.

En cuanto a los 460.000 compatriotas que perciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la Agencia Tributaria les recuerda que deben presentar declaración por IRPF, con independencia de la cuantía de sus ingresos.

Esto quiere decir que, lo que deberá declararse como rendimientos del trabajo son las cuantías que superen los 11.279,39 euros (1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, Iprem) en el caso de que, junto al IMV, se perciban otras ayudas a colectivos con riesgo de exclusión social, como la renta mínima de inserción, rentas garantizadas y ayudas similares de CC.AA. y ayuntamientos.

Tanto si han llegado hasta aquí como si se han perdido por el camino, el resumen es el mismo: ¡A pagar! Y es que alguien tiene que pagar todo lo que decíamos en el segundo párrafo (derechos, recuerden), pero también toda una casta parasitaria de políticos que van desde los 23 ministerios a 17 comunidades autónomas, pasando por diputaciones provinciales, ayuntamientos, empresas públicas y enchufes varios.

Entre todos, durante 2020, 586.389 millones de euros, de los cuales, 140.470 millones de euros solo para salarios públicos. Esto es, el mismo dinero que nos va a dar Europa para hacer frente a la pandemia (la de coronavirus, no la de la casta).

En todo este tiempo, ni un gesto de reducir el gasto público ineficaz e ineficiente. Por lo menos que este año se suspendiera la regla de los pagadores, en caso de haber cobrado paro (en serio, es nuestro derecho) o IMV. Nada de Nada. Lo único, que podremos pagar en seis meses. ¡Qué consuelo! Nótese la ironía.

La espalda de esa mitad española que soporta a la otra mitad está al borde de la quiebra. La armonía está a una grieta de hacerse añicos y lo público parece no darse cuenta. Terminará haciéndolo, porque las “fiestas” nunca salen gratis.