El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Navalcarnero ha citado a declarar en calidad de investigada a la alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa en relación a supuestos contratos irregulares.
Junto a Millán, también está citado a declarar el próximo 22 de abril a las 11.00 horas, el empresario Francisco Vicente Roselló. Además, en un auto fechado el 9 de marzo, el juez acuerda levantar el secreto sobre las actuaciones que se produjeron después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil practicaran el pasado 25 de enero un registro en dependencias del Ayuntamiento de Arroyomolinos.
PIEZA SEPARADA DE ‘PÚNICA’
Se trata de la investigación que remitió a diferentes juzgados madrileños el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, de una pieza del caso ‘Púnica’ y que no guardaba relación con la misma.
En dicho auto, se exponían los antecedentes de la denuncia, interpuesta el 30 de marzo de 2016 por Carlos Ruipérez Alonso cuando era alcalde de Arroyomolinos y que daba cuenta de una serie de contrataciones presuntamente irregulares con la empresa del ya fallecido J. L. Huerta Valbuena (Waiter Music S. L.) desde el 2004 hasta el 2014, periodo en el que Millán formó parte del Gobierno de Juan Velarde.
Así, el juez llamaba la atención sobre la «particular circunstancia de que se produzcan comidas o reuniones directas entre la concejala responsable, Ana Millán y el futuro adjudicatario, J. L. Huertas Valbuena».
Sin embargo, García Castellón consideraba que en algunos casos, como en los contratos de las fiestas de nochevieja de 2004, reyes de 2005 y el expediente 13/2008, la acción ya había prescrito y Waiter Music S. L. ya no volvió a resultar adjudicatario hasta el año 2014.
Ante ello, el juez señalaba que «no resulta posible inferir la existencia de indicios delictivos en los años 2009 en adelante, pues las contrataciones a las que se presentó Waiter Music, S.L. en el año 2009 bien se declararon desiertos, bien fueron adjudicados a otras empresas».
Eso sí, «cuestión diferente se produce en relación a los hechos relativos a la concejal Ana Millán y su relación con la empresa Neverland, que, sí ofrecen indicios de posible delito que no se encontraría prescrito, más estos no guardan relación con la presente pieza por lo que procedería la inhibición al juzgado de instrucción competente», concluía.
Por eso ahora el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Navalcarnero llama a la regidora a declarar.
«NADA QUE OCULTAR»
Tras el registro y en el Pleno del mes de enero, la alcaldesa de Arroyomolinos, ante la batería de preguntas de la oposición, dejó claro que «tengo muchas ganas de hablar y lo haré cuando pueda, porque las diligencias están declaradas secretas», expuso Millán. Así recalcó que «soy la primera interesada en contar todo lo que haya que contar. No hay nada que ocultar».
