Los consejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, y de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, han defendido este viernes la legalidad de todas las contrataciones de emergencia llevadas a cabo por el Gobierno regional durante la primera parte de la pandemia de Covid-19.
En rueda de Prensa en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, ambos han explicado el camino que han seguido los 4.016 contratos de emergencia realizados desde la Comunidad, entre ellos el adjudicado a la empresa Priviet Sportive, S.L., cuyo administrador único es Daniel Alcázar, al que se relaciona con el hermano de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
Una tramitación que se hizo, en palabras de Javier Fernández-Lasquetty, de forma «totalmente irreprochable», con «absoluto y total respecto a la normativa de contratación pública» y tras pasar todos los controles previos y posteriores «tanto internos como externos» de la Comunidad.
El contrato fue adjudicado por procedimiento de urgencia el día 1 de abril, en plena pandemia de Covid, para la adquisición de mascarillas FFP2 y FFP3 destinado al ala 10 del hospital de campaña instalado en Ifema por un importe total de 1.512.000 millones de euros, IVA incluido. Fue firmado por la viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Anda Dávila Ponce de León.
Según han explicado, el contrato fue publicado el 10 de junio en el Portal de Contratación. «Que nadie diga que no ha estado a disposición del público», ha recalcado el consejero de Economía y Hacienda.
De hecho Lasquetty ha resaltado que la Cámara de Cuentas analizó toda la contratación de emergencia durante el año 2020 realizada por el Gobierno regional, para lo que se seleccionaron 263 contratos que se miraron de manera pormenorizada, entre ellos el que se relaciona con el hermano de Ayuso. «Se trasluce es que no hay ni tacha ni reparo en ninguno de sus aspectos», ha incidido.
El propio consejero de Economíab y entregó, ha recalcado este viernes, «toda la documentación sobre las contrataciones», sin que «ni uno solo de los grupos ha expresado preocupación por ellos». Lasquetty ha enumerado que se han realizado más de 6.000 preguntas y peticiones de información en los dos años relacionados con contratación de emergencia.
