El pasado 24 de septiembre, la Casa de Pinto interpuso una denuncia ante la Fiscalía por la posible comisión de delitos en las dos adjudicaciones del gimnasio -antes Pintogym, ahora Abono Deportivo-, justo ahora cuando se cumplen dos años del cambio de gestión, durante la legislatura de Rafael Sánchez como alcalde del municipio.

Ya en noviembre de 2018 la Casa de Pinto pidió públicamente que se investigaran posibles irregularidades. Y en mayo de este año, ya pasadas las elecciones y con Unidas Pinto como gobierno en funciones, se procedió a la segunda adjudicación del servicio.

Por este motivo, la pasada semana la asociación pinteña daba un paso adelante y pedía directamente a la Fiscalía, a través de denuncia, que investigue la presunta comisión de delitos de estafa, prevaricación, administración desleal del patrimonio público, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en la tramitación, gestión y concesión de los servicios de zumba, spining, step, bodypump, musculación, aeróbic y pilates que se desarrollan en el polideportivo Sandra Aguilar, Alberto Contador y el pabellón Príncipes de Asturias.

“FRAUDE DE LEY”

Para la asociación “las concesiones se basan en una serie de resoluciones en fraude de ley por las que el responsable de las adjudicaciones, en connivencia con los denunciados -Carlos Solis y Salvador Fernández, según cita textualmente la denuncia-, construyen una apariencia de legalidad”, dicen en un comunicado.

Esto sería, según la versión de la Casa de Pinto, “utilizando una empresa que nunca ha gestionado realmente el servicio y perfilando las condiciones de contratación de forma que el antiguo gestor perdiera el servicio y se viera obligado a vender la maquinaria a la baja al nuevo adjudicatario”.

Consideran que “las adjudicaciones han provocado graves perjuicios a otros candidatos” y “suponen una serie de resoluciones arbitrarias”. Igualmente, la Casa de Pinto “acusa a los denunciados de esbozar una estructura mercantil fuera de la normativa de la contratación pública”.

“ELUDIR EL CONTROL DE LEGALIDAD”

En este sentido, la asociación apunta que esto se habría hecho “en el convencimiento de que en connivencia con el funcionario informante y preparador del pliego técnico se disimularían los criterios de solvencia financiera y técnica”.

Y van más allá al señalar que “los denunciados conformaron una estrategia para eludir el control de legalidad y obtener el servicio fraudulentamente y posteriormente incluso apoderarse de la maquinaria que nos les pertenecía”.

Por tanto, creen que ha habido una “simulación de solvencia técnica” para “conseguir en primera instancia la adjudicación y el montante económico del servicio” y “posteriormente acceder al mobiliario no controlado, ni fiscalizado por la connivencia del funcionario que informó del contrato”.

Una denuncia ante la Fiscalía que “podría dar paso a causa penal y a la reversión de las adjudicaciones por el incumplimiento de la legalidad”.