La Justicia de nuevo marca la gestión de la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, y todo su Gobierno. El último varapalo ha sido a cuenta del auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 19 de Madrid, que ha suspendido la instrucción del Ayuntamiento de apartar a la Intervención General en la tramitación de expedientes de contratos menores.
Esa instrucción dada por el Ejecutivo local que ha tumbado la Justicia fue aprobada el 2 de noviembre de 2017 en una Junta de Gobierno después de que fuese elaborada por una funcionaria del Ayuntamiento. El PP de Getafe, ante el convencimiento de que ese acto era nulo porque se trataba de una competencia que Sara Hernández había arrebato a la Intervención para otorgársela al departamento de Contabilidad del Ayuntamiento, acudió a la Justicia.
Después de admitir a trámite la denuncia de los populares y de requerir documentación al Gobierno municipal, el Juzgado ha suspendido la llamada interpretación de la base 23 de la ejecución del presupuesto sobre la tramitación de expedientes en los contratos menores, que fue el mecanismo urdido para saltarse a la Intervención del Ayuntamiento.
La decisión judicial da la razón al PP de Getafe y tumba la instrucción de Sara Hernández que pone en peligro la estabilidad económica de la ciudad
El auto judicial de nueve páginas y al que ha accedido Al Cabo de la Calle, ordena la suspensión inmediata de la orden aprobada por Sara Hernández, que no sale bien parada por el escrito judicial que señala que el Ayuntamiento “no hace más que manifestaciones genéricas sin ningún tipo de prueba al respecto, por lo que esa carencia de prueba solo a esa parte puede perjudicar”.
En su razonamiento jurídico, la magistrada argumenta que “los intereses del grupo municipal del PP de Getafe deben prevalecer sobre los intereses de la Junta de Gobierno”. Y prosigue que “a la vista de los perjuicios que pueden ocasionar en la contabilidad y el gasto del municipio con la eliminación de la Intervención municipal como órgano de control, puedo concluir que deben prevalecer los intereses del grupo municipal del PP frente a los que laten en la resolución recurrida”.
Fuentes de los populares getafenses consultadas pro este periódico han subrayado que el Gobierno de Sara Hernández tiene encima de la mesa “un lío muy feo” porque puede ocurrir, una vez que finalice todo el procedimiento judicial, que se declaren nulos todos los contratos menores que se hayan tramitado hasta la fecha de forma irregular. Es decir, supondría la paralización del Ayuntamiento.
Por otro lado, el gabinete jurídico del PP estudia emprender ahora otros cauces para que se depuren las responsabilidades políticas y penales en torno a este caso en el que, según ha podido saber Al Cabo de la Calle, el Gobierno municipal tiene de plazo hasta este jueves, 13 de septiembre, para presentar alegaciones contra el auto judicial.
