Las instalaciones de la piscina climatizada de Griñón han sido cerradas al público. Las decenas de usuarios que acudían a este centro no fueron avisados previamente y se encontraron el pasado 20 de febrero en la puerta con un cartel donde se leía que “por razones de viabilidad en el funcionamiento de las instalaciones, las actividades quedarán suspendidas indefinidamente”. Las protestas de los bañistas no se hicieron esperar a las puertas de este centro deportivo de gestión privada.

Esta piscina y gimnasio, ubicado en la calle Labradores junto al hipermercado Mercadona, estaba gestionado por una empresa privada en un terreno de titularidad municipal. El suelo había sido cedido por el Ayuntamiento de Griñón en 2004 durante sesenta años a la empresa privada ECS para que gestionara las instalaciones a través de un acuerdo de concesión y explotación de obra, así como el centro comercial. Esta empresa fue cediendo la explotación de la piscina a empresas vinculadas directamente con ella.

Según los bañistas, en los últimos meses el agua de los vasos de la piscina estaba demasiado fría

La indignación ha encendido los ánimos de los usuarios de la piscina, algunos de los cuales tienen todo el año pagado. Además, han criticado que hasta el día antes del cierre de la piscina seguían cobrando a los usuarios los abonos de la instalación sin informarles de lo que iba a ocurrir. Los afectados pueden presentar la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil.

Según los bañistas, en los últimos meses el funcionamiento de la piscina climatizada no era el más adecuado. Algunos de ellos se quejaban de que el agua estaba fría. Estas denuncias ya se habían comunicado a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento quien se las transmitió a la empresa. También al Consistorio le alertó de que algo no iba bien en la instalación ya que los monitores estaban cobrando con retraso.

En una reunión mantenida por los representantes de la empresa con el alcalde de Griñón, José María Porras, le comunicaron a la primera autoridad municipal que la instalación era inviable y que perdían 120.000 euros al año. En el momento del cierre la empresa debía 15.000 euros por facturas de luz y 20.000 a los trabajadores.