La diferencia entre derecho y delito es abismal. Al menos, en un país serio. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, los españoles hemos perdido el norte. En algún momento del camino nos torcimos y así hay que repetir, y repetir, y repetir perogrulladas como, por ejemplo, que la propiedad es un derecho y la ‘okupación’: un delito.

Se trata de algo tan básico pero complejo para nuestra clase política, que causa perplejidad. El artículo 33 de la Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. “Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”, añade.

Hoy en España, los ‘okupas’ tienen más derechos que los legítimos propietarios, quienes tienen que batallar con una burocracia lentísima, que solo vale para llenarse los bolsillos con nuestros impuestos

Se trata de un artículo recogido en el Título I: De los derechos y deberes fundamentales, Capítulo segundo, Sección 2º, de los que no son susceptibles de recurso de amparo. Es decir, no tienen especial protección jurídica. Como tampoco lo tiene el artículo 47, también en el Título I, Capítulo cuarto, que recoge que: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

¿Y por qué no están especialmente protegidos? Porque el legislador de entonces se curó en salud, que el problema se lo ‘comiera’ otro. Y nuestra clase política se ha mostrado totalmente inútil para preservar, de un lado, el derecho a la propiedad, y de otro, el derecho a una vivienda digna.
Desde 1978, los poderes públicos han sido nefastos en la gestión de vivienda. Parece de broma de mal gusto, incluso, la alusión en la participación de la comunidad en las plusvalías que genere la acción urbanística. Que se lo pregunten a los vecinos el Ensanche Sur, en Alcorcón, y cómo la plusvalía de este desarrollo acabó sepultada en el CREAA.

El caso es que hoy, en pleno siglo XXI, los ‘okupas’ tienen más derechos reconocidos que los legítimos propietarios, quienes tienen que batallar con una burocracia lentísima, que solo vale para llenarse el bolsillo con nuestros impuestos y no aportar ninguna garantía de que se cumplirán nuestros derechos. Y a la par, esa misma burocracia, tampoco ofrece una solución habitacional a quién de verdad necesita un hogar por circunstancias de la vida.

Para qué están, pues, las administraciones. ¿Hace falta una ‘Ley Antiokupas? SÍ. ¿Hace falta agilizar la vivienda social para personas realmente necesitadas? SÍ. ¿Hay que resolver el parón de la Justicia? SÍ .¿Es la ‘Okupación’ un delito? SÍ. Pues si esto está claro, tal vez lo que haya que cambiar es a esa clase política chupoptera de arriba a abajo.