De aquellos polvos, estos lodos. El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, por el que condenaba al Ayuntamiento de Alcorcón al pago de 15 millones de euros -más 5 millones por intereses- por la administración de la Empresa de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (EMGIASA) durante los años 2009 y 2010, cuando gobernaba el socialista Enríque Cascallana.

Una época en la que la hoy alcaldesa, Natalia de Andrés, era presidenta de la entidad pública, en concurso de acreedores desde que el PP ordenó su liquidación por la ruinosa gestión socialista. Se avala así, también, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid.

En sentencia fechada el 17 de febrero de 2021, y que ha sido de público conocimiento cuatro meses después, el Tribunal Supremo confirma la ilegalidad del reparto de dividendos en EMGIASA entre 2009 y 2010. Y pese al recurso que presentó el Ayuntamiento, el Alto Tribunal estima una “carencia manifiesta de fundamento”, por lo que lo inadmite en una sentencia firme que obra en poder de Al Cabo de la Calle.

“En relación a las cuentas del ejercicio 2009 existía un déficit de provisión en relación con la sumas conocidas como objeto de condena, por importe de 31.181.658 euros, siendo que si se hubiese constituido tal provisión, el resultado sería negativo, en la cantidad de 11.737.020 euros. En consecuencia, no existirían beneficios y no se podrían repartir dividendos, como sí se ha hecho”, dice el fallo.

El Supremo añade en cuanto al 2010, que “el perjuicio no solo deriva del hecho de la distribución efectiva de los dividendos, sino de la atribución del derecho de cobro de los mismos”. En consecuencia, el Alto Tribunal confirma que la sentencia primigenia de este caso “se ajustó a los razonamientos de esta Sala”.

Por tanto, los vecinos de Alcorcón deberán abonar al administrador concursal 20 millones de euros en total, una vez declarado firme el fallo. Y no solo eso, sino que el Supremo impone las costas del proceso al Ayuntamiento, que además pierde el depósito constituido.

PIDEN LA DIMISIÓN DE LA ALCALDESA

Tras conocerse esta sentencia, la portavoz del PP, Ana Gómez, no ha dudado en pedir la dimisión de la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, presidenta de EMGIASA durante los hechos en cuestión. Y así se lo hizo saber en el último Pleno, durante el cual le preguntó por qué había tardado cuatro meses en dar cuenta de este fallo, que supone un perjuicio para los intereses de la ciudad.

“Tenemos que pagar a EMGIASA, más de 20 millones de euros por su mala gestión, por el acuerdo ilegal que adoptó en 2009″, dice Gómez, que añade que “pese a maquillar las cuentas del Ayuntamiento con ingresos ficticios de la empresa pública, arruinó la ciudad en 2011 y lo volverá a hacer en 2023″.

La portavoz popular suma a este caso, asimismo, “el dinero que llevamos ya gastado en las sentencias de Las Presillas o Fuente Cisneros. Motivos por los que la alcaldesa “que ha arruinado esta ciudad, debería dimitir”.

La respuesta de Natalia de Andrés a esta cuestión fue durante la rueda de prensa previa al Pleno, donde avanzó la intención de su Gobierno de pedir la suspensión del plan de liquidación de EMGIASA, para volver a ser gestionada por el Ayuntamiento, pese al resultado negativo que han confirmado los tribunales. Extremo éste que también confirmó el segundo teniente alcalde de Alcorcón y líder de Podemos, Jesús Santos.