El PP de Leganés ha elevado una denuncia ante el Ministerio Fiscal en la que pone de manifiesto el perjuicio económico que ha supuesto para las arcas municipales la no celebración de los festejos taurinos en agosto y en octubre de 2022, en una cuantía estimada en 400.000 euros.
Según el pliego que rige las relaciones entre el Ayuntamiento de Leganés y la empresa titular de la concesión de la explotación de la plaza de toros de La Cubierta, ésta última vendría obligada a la celebración de dos festejos taurinos con los correspondientes encierros, tanto para las fiestas de Nuestra señora de Butarque como para las de San Nicasio.
Los citados festejos, en municipios donde se han celebrado eventos similares a los
que recoge el pliego, han sido valorados en la cantidad de 200.000 euros. «Es decir, en Leganés la no celebración de estos festejos, el incumplimiento del pliego, ha supuesto un perjuicio de 400.000 euros a los bolsillos de los vecinos», exponen los populares.
«Aquí no estamos hablando de toros sí o toros no, estamos hablando de proteger los intereses económicos de los vecinos de Leganés»
«Las evasivas del equipo de Gobierno, incluido el silencio absoluto de la concejal de Festejos, Angelines Micó, nos llevan a la conclusión de que no tienen ningún interés en proteger los intereses económicos de los vecinos de Leganés. Su inacción podría conllevar una responsabilidad penal que determinará la Fiscalía», añaden.
Así, para el portavoz del PP y candidato a la Alcaldía, Miguel Ángel Recuenco, «aquí no estamos hablando de toros sí o toros no, estamos hablando de proteger los intereses económicos de los vecinos de Leganés».
En este sentido insiste en que «la dejación de funciones del equipo de Gobierno socialista suponen un daño de 400.000 euros para Leganés. Ni hemos tenido festejos taurinos, no se le ha reclamado ni dinero ni responsabilidades al titular de la concesión como figura con nitidez en el pliego y la edil de Festejos, u otros responsables que pudiera haber, eluden dar explicaciones». En definitiva, cuestiones que los populares creen «suficientes» para investigar posibles ilícitos penales.
