La inquiokupación se extiende por España. Y más en concreto, en Fuenlabrada. Hablamos de un modelo de okupación, donde los inquilinos firman un contrato de alquiler con los propietarios del inmueble, con el pago y el tiempo de duración establecido. Hasta ahí, todo legal. Sin embargo, llegado el momento, los alquilados dejan de pagar y se niegan a salir de la vivienda, mientras los legítimos propietarios soportan la carga de impuestos y gastos del piso.
Es lo que llevan padeciendo desde hace tres años y medio dos familias del Paseo del Saler número 6 de Fuenlabrada. Un calvario que les está llevando “al límite”, como reconoce en Al Cabo de la Calle, María, una de las afectadas y actualmente embarazada.
Ella recuerda que acordaron un alquiler de 580 euros con una familia que en el año 2020 dejó de pagar. Y así sigue hasta ahora. El proceso estaba judicializado, había fecha de juicio para el alzamiento, pero la huelga de la Justicia paralizó todo.
“Nos consta que los Servicios Sociales les ofrecieron una vivienda a los ‘inquiokupas’, pero como era fuera de Fuenlabrada, se negaron y siguen en nuestras casas, sin pagar el alquiler”, expone María, a pesar de que los usurpadores de su inmueble tienen ingresos.
Situación insostenible la que viven estas familias del Paseo del Saler número 6, a las que desde el 2020 no les pagan el alquiler pactado. Este sábado, una concentración de apoyo sirvió para que sintieran que no están solos
Ella vive también de alquiler, que paga escrupulosamente a su casero, pero a la vez hace frente a los gastos de su casa okupada. “Encima con la nueva Ley de Vivienda nos han rematado y estamos fatal”, apunta.
APOYO VECINAL
Este sábado, 3 de junio, se convocó una concentración de apoyo a estas familias, donde acudieron, entre otros, la portavoz de VOX en Fuenlabrada, Isabel Pérez, la Plataforma de Afectados por la Inquiokupación, los conocidos como ‘abuelos de Fuenlabrada’, que el pasado verano también sufrieron una situación similar; amigos y vecinos. Igualmente, la empresa Desokupa y Paga, que se ha ofrecido a mediar en el conflicto de forma gratuita.
“Podía haber venido más gente, siendo Fuenlabrada una ciudad de 200.000 habitantes, pero nos sentimos muy arropados”, señala María, que reitera que “necesitamos que se solucione rápido”. Y es que confiesa que, tanto ella como su familia, “estamos ahora mismo al límite económico, pasándolo fatal. Pero no solo económico, psicológicamente estamos muy, muy afectados”.
Una situación dantesca, pues, la que atraviesan estos fuenlabreños, a la espera de que las autoridades judiciales y administrativas resuelvan un calvario, que va camino de los cuatro años.
