Los propietarios del suelo del polígono industrial Los Olivos III de Getafe han dicho hasta aquí hemos llegado, ante los planes de la alcaldesa y candidata a la reelección por el PSOE, Sara Hernández.

Mirando la hemeroteca, fue en 2004, durante el Gobierno de Pedro Castro, cuando se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que incluía este sector, cuyo desarrollo sería de iniciativa pública y por sistema de expropiación. En 2008, durante el Gobierno de Zapatero, se aprobó la Ley del Suelo que modificaba los métodos de valoración de expropiación, mientras que en 2010, el Ejecutivo de Pedro Castro aprobó el Plan Parcial de Los Olivos 3; y en los años 2015 y 2017, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales los artículos 38.2a y 43.2 que posibilitaban concluir la valoración de la expropiación.

Esto motivó que el desarrollo estuviera en un cajón, sin actualizarse, pese a que en enero de 2020, ya con Sara Hernández como alcaldesa de Getafe, los propietarios del suelo hartos de esperar presentaron una propuesta para poder desarrollar ellos el sector y le pidieron una reunión, que todavía están esperando, para reimpulsar el proyecto. Fue en vano.

“Si nos hubiese atendido, el sector ya estaría urbanizado y los getafenses podrían empezar a beneficiarse tanto de los 10.000 puestos de trabajo potenciales de esta área, como la conexión que da este sector a los vecinos de Perales del Rio con el municipio. También se habría descongestionado el tráfico que tiene el polígono en las horas punta”, se queja amargamente uno de los propietarios del suelo, aglutinando el sentir de la mayoría.

Sin embargo, a su juicio, “la alcaldesa ha decidido hacer uso de esa herencia que le dejó su antecesor (en referencia a Pedro Castro) para bloquear la propuesta de los propietarios, aún a sabiendas que dicha decisión provocaría enormes retrasos”.

Los propietarios del suelo están que trinan con el procedimiento de expropiación aprobado. “Si nos hubiese atendido la alcaldesa, el sector ya estaría desarrollado y Getafe podría beneficiarse de 10.000 trabajos y una conexión de Perales con el centro de la ciudad”

Y es que no ha sido hasta marzo de 2023 cuando el Gobierno local ha anunciado que está aprobado inicialmente el nuevo Plan Parcial, que a su juicio “se licitó con unos requisitos desproporcionados para el trabajo solicitado, imposibles de cumplir para casi todas las empresas profesionales, expulsándolas de la licitación salvo a una”.

Ya redactado, el Gobierno local ha anunciado que el desarrollo se hará por el sistema de expropiación. Hasta que eso suceda, si sucede, Getafe pierde tiempo y puestos de trabajo.

A LOS TRIBUNALES

Y es que este sistema elegido en un Plan a fecha de hoy no publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) podría acabar en los tribunales. Proceso previo a las alegaciones que presentarán una vez se publique en el BOCM.

Esperan la publicación en el BOCM para presentar alegaciones e ir a los tribunales

“La alcaldesa no se ha enterado o no quiere darse por enterada, que los artículos 38.2a y 43.2 de la Ley del Suelo, que posibilitan concluir la valoración de la expropiación, han sido declarados inconstitucionales y nulos por sentencias judiciales, por lo que esta actuación hará inevitable el planteamiento de litigios, algo que no queremos, pero a lo que nos vemos abocados por el inexistente dialogo y la negativa a que lo desarrollemos nosotros con más celeridad”, exponen.

Además, recuerdan que “si el Ayuntamiento efectivamente tuviese una extremada necesidad de suelo industrial/tecnológico, ya cuenta con 4 millones de m² de suelo industrial expropiados (Carpetania II) hace ya más de una década. el cual sigue parado y si con esto no bastase cuenta con un sector, ‘TecnoGetafe’, con 200.000 m² ya urbanizados y listos para su uso desde 2009”.

Finalmente, ven como “algo totalmente incomprensible, que la alcaldesa socialista, al mismo estilo que su antecesor, lleve tres años retrasando el desarrollo del sector, al negar la petición de los propietarios para impulsar su suelo, para dentro dos o tres años entregarle el desarrollo a un concesionario privado”. Con lo que se ven abocados a recurrir a los tribunales y provocar más retrasos si la regidora sigue obcecada en sus planes, una vez decidan las urnas el 28 de mayo.