El último Pleno de Getafe aprobó la propuesta del Gobierno local, de un reconocimiento extrajudicial de crédito de 1,6 millones de euros, para la Mancomunidad del Sur, por los servicios de gestión de residuos sólidos urbanos. Se trata de una cantidad correspondiente a las tasas de 2017, 2018 y 2019, que tiene que abonar el Ayuntamiento, en tanto que forma parte de este órgano público.
Pero como el pago no se ha hecho en tiempo y forma, sino con demora, la deuda se ha incrementado en 150.840 euros más, que salen directamente del bolsillo de los vecinos de Getafe. Un retraso que Intervención Municipal ha reprochado directamente al Ejecutivo de Sara Hernández, en un informe demoledor al que ha tenido acceso Al Cabo de la Calle.
«Queda claramente determinado que ha existido una inacción por parte de este Ayuntamiento, que supone ahora tener que abonar un recargo por apremio que asciende a 150.840 euros», dice dicho documento.
En el Pleno, la alcaldesa señaló que estas cantidades no se pagaron, porque no habían sido notificadas por la administración competente. Pero Intervención vuelve a echar por tierra las excusas de Sara Hernández. «Dichas tasas, de acuerdo con la Ley General Tributaria, fueron notificadas fehacientemente y recepcionadas, según consta en la documentación que se aporta en el expediente», incluye el informe municipal.
«Poco le importa a la alcaldesa dilapidar el dinero de los vecinos con su incompetencia y dejadez», ha dicho el portavoz del PP, Carlos González Pereira, que insiste en querer saber lo que ha pasado y por qué se ha pagado ese sobrecoste de 150.840 euros.
Pereira va más allá, y apunta que «esta dejación coincide con el periodo en el que la alcaldesa se oponía políticamente a la Mancomunidad del Sur. Ahora que ella la preside, curiosamente vuelve a pagar las cuotas y la sanción correspondiente».
Y es que Sara Hernández es presidenta de la Mancomunidad del Sur desde el año 2019. En la pasada legislatura fue una de las principales voces contra la ampliación del vertedero de Pinto, que afecta a Getafe. Pero una vez llegada a al poder de la entidad, no solo no lo ha paralizado, sino que cinco empresas optan ya a las obras, pese al rechazo vecinal.
