La Comunidad de Madrid ha lanzado este viernes un ultimátum al Gobierno nacional sobre Cercanías: o recibe una respuesta a la exigencia de una reunión con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y se negocia un fondo mínimo de 2.000 millones de euros o estudiará acciones legales.
«Si el Ministerio no se pone en contacto hoy con la Comunidad para tomar medidas, estudiaremos ya más exigentes para que el Gobierno cumpla con su obligación», ha lanzado el consejero de Transportes, David Pérez, a los medios de comunicación.
Al hilo, ha cifrado en 230 las averías que ha presentado la red a lo largo de lo que llevamos de 2023, lo que implicaría unas cinco diarias por la «falta de inversión y discriminación» a la región.
Ante el «hundimiento» al que somete, según Pérez, el Gobierno de PSOE y Podemos debería habilitarse un fondo de al menos 2.000 millones para poner solución a los problemas, aunque ha fijado como objetivo recuperar los 5.000 millones de euros que había planteado el PP antes de ser depuesto por la moción de censura.
APURAR INSTANCIAS JURÍDICAS
Sobre qué medidas tomaría, el consejero ha defendido que la falta de fondos «atenta contra el principio de igualdad» y ha advertido de que, en el caso de que no reciba contestación, será «necesario apurar todas las instancias jurídicas para exigir algo que es un derecho de todos los españoles y no puede ser pisoteado».
Para el consejero madrileño, cuando se empieza a «notar» esta falta de inversión implica que el momento es «muy grave» y ha alertado de que actualmente se está poniendo «en peligro» la integridad de las personas más allá de las molestias de los usuarios porque no funcione bien.
