Más Madrid Alcorcón se ha pronunciado este viernes sobre el problema generado por la liquidación del Plan Permuta. Y así, la formación que lidera Olga Jiménez en la ciudad, ha señalado que «no pueden echar a las afectados en dos meses de sus casas», queriendo lanzar un mensaje de tranquilidad a las 93 familias que cedieron su vivienda del casco antiguo de Alcorcón por otra nueva y más accesible en el Ensanche Sur en 2011.
Después de la deuda generada por el PSOE en EMGIASA, la empresa municipal entró en concurso de acreedores y una decisión judicial del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha dicho ahora que esas viviendas permutadas deben servir de activo para pagar la deuda de EMGIASA.
Sin embargo, y según Más Madrid Alcorcón, en el citado auto, el juez da indicaciones al administrador concursal para que venda las viviendas libres de cargas o limitaciones a su uso. «Dado que las viviendas adaptadas tienen un contrato de cesión de uso, el administrador concursal deberá llegar a un acuerdo con los propietarios para cancelar este contrato», explican.
Así, de no llegarse a un acuerdo en dos meses, según el texto, el administrador “deberá formular tantas demandas como contratos en vigor existan”. Por tanto, «no es cierto que se vaya a producir una expulsión de las familias afectadas en dos meses», dice el partido de Olga Jiménez.
AUDIENCIA A LAS PARTES
Por eso insisten en que tras la imposición de esas hipotéticas demandas será un juez quien, previa audiencia a las partes, tendrá que adoptar una decisión al respecto. En caso de que decida resolver el contrato de cesión, se deberá fijar la cuantía de indemnización a las familias afectadas.
Aún así, Más Madrid Alcorcón cree que «si el juez decidiera resolver el contrato sin el consentimiento de los afectados estaría anteponiendo el pago de una deuda hipotecaria contraída por EMGIASA con los bancos a las necesidades habitacionales especiales de las personas afectadas».
INTERÉS SUPERIOR DE LOS AFECTADOS
De esta manera, el partido de Olga Jiménez sostiene que «los afectados pueden alegar que tienen un contrato vitalicio y no se cumple ninguna de las cláusulas de resolución del contrato». Además, «al ser primera residencia y estar adaptada a sus necesidades, el interés habitacional es mayor que el pago de una deuda que no es de los afectados».
Por eso la formación se muestra «sorprendida por el posicionamiento de varios partidos políticos en Alcorcón, que entendemos es consecuencia de una falta de lectura detenida del auto judicial y de un cierto apresuramiento pero que en ningún caso beneficia a las familias afectadas».
