Estos días circula una amarga e interesante reflexión de como desde el pasado 14 de marzo estamos todos los españoles, inocentes y culpables, bajo arresto domiciliario. Sin juicio, ni defensa. Y parece que el asunto se alarga hasta el 9 de mayo, como mínimo.

En dicho pensamiento, se plantea la posibilidad de que si hubiera disturbios callejeros, todos entenderíamos que se decretase el Estado de Alarma para esa zona y que se restringiese la circulación de los vecinos. Es decir, a un problema policial, una solución policial.

Por el contrario, no se entendería que ese conflicto policial se tratara de atajar mediante -por ejemplo- la vacunación masiva de la población. Causaría, como poco, perplejidad.

La reflexión, bajo el título ‘La sensatez arrestada’, aborda que España se encuentra actualmente bajo un problema sanitario para el que, junto a las medidas sanitarias, nos han colado como si tal cosa, medidas policiales severísimas y sin justificación. Como siempre ocurre en estos casos de excepcionalidad: “por nuestro bien”.

Y las hemos aceptado. Es más, las aplaudimos. Cumplimos con obediencia lo que las autoridades han dictado desde el 14 de marzo. El presidente, en sus tres horas de anodina intromisión en los hogares de todos a través de la televisión, insiste en que hemos tomado las medidas más duras. Pero seguimos siendo el país con más contagios por habitante del planeta y con el número de fallecidos por coronavirus más elevado en función de la población.

Hemos tomado las medidas más duras. Pero seguimos siendo el país con más contagios por habitante del planeta y con el número de fallecidos por coronavirus más elevado en función de la población

A pesar de eso, ahí seguimos confinados y pobre del que ose cuestionar cómo es posible tener las medidas más estrictas y a la vez seguir viendo a nuestros compatriotas morir por miles. Pregúntense si la estrategia de todos en casa, casi dos meses después, es efectiva, algo está fallando, o hay otros intereses detrás. Pero tengan cuidado, ahora que el CIS -aparato del omnipotente Estado- se cuestiona la libertad de prensa y el Ministerio del Interior monitoriza las redes.

Para justificar este severo Estado de Alarma, el Gobierno ha partido de la premisa de que el virus se propaga por la saliva y otros fluidos corporales, o por el contacto directo de la persona contagiada con objetos susceptibles de ser tocados por un tercero, que a su vez acabaría siendo infectado. De ahí se llega a la conclusión de que para atajarlo, no podemos pasear ni hacer ejercicio en la vía pública. Ni siquiera solos. Ni mucho menos compartir vehículo con quien compartimos cama. Aunque sí podemos usar transporte público.

En cambio, países de nuestro entorno, como Francia, Alemania o Portugal, sí permiten el ejercicio en parques o pasear por vía pública de manera individual. Es decir, aplican medidas opuestas a las draconianas tomadas por el Gobierno español y sus resultados, a todas luces, son mucho más positivos.

Quien sale a correr al parque solo, por ejemplo, es prácticamente imposible que se contagie si está sano o contagie a otro si está sano. Claro que tampoco sabemos quién está infectado y quién no porque, al contrario del resto del planeta, aquí en España seguimos sin hacer test masivos a la población. Y no nos dicen por qué no se hace.

Países de nuestro entorno sí permiten el ejercicio en parques o pasear por vía pública de manera individual. Es decir, aplican medidas opuestas a las del Gobierno español y sus resultados a todas luces son mucho más positivos

La cosa es que el Gobierno dice que hay riesgo, y en el fondo es verdad. Pero el riesgo cero nunca existirá. La vida es riesgo en sí misma. Y en cualquier caso, hay menos peligro de infección en quien sale a correr solo o a pasear, que en quien va al supermercado todos los días o coge el transporte público, por mucho que este esté descontaminado. Que también hay que cuestionarse si ahora se desinfecta, ¿qué es lo que se hacía antes de decretarse la pandemia?

En fin, que dos meses de confinamiento, para una persona que no ha cometido ningún crimen y que es libre en sí misma, conlleva más riesgos mentales y de salud por el sedentarismo, que la exposición al exterior. Ahí están ejemplos como el Fuenlabrada, y mucho nos tememos que empezarán a aflorar más, si la situación de suspensión de derechos civiles continúa sine die.

Si no nos cuestionamos por qué España aplica medidas policiales a un problema sanitario, al contrario que muchos países de nuestro entorno, es que estamos intoxicados de miedo y de ignorancia. Intoxicados de propaganda.

Dice el coronel Pedro Baños, experto en geopolítica e inteligencia internacional y al que se puede seguir junto a Iker Jiménez en Milenio Live, que si no nos enteramos de que nos están lavando el cerebro, es que ya lo han conseguido.

En estas mismas líneas, se defendió que todo ciudadano que precie de llamarse así debe cuestionarse siempre las medidas que aplica su Gobierno a un problema excepcional. Vaya por delante que la pandemia hay que atajarla, pero las medidas policiales impuestas carecen de cualquier justificación sanitaria, a la vista de los resultados.

De ahí que haya que reflexionar sobre eso. Porque si no somos capaces de verlo, dentro de meses o años, bajo cualquier justificación real o ficticia, volverán a restringir nuestros derechos. Siempre “por nuestro bien”. Y tragaremos porque no sabremos reaccionar, viendo el precedente que hoy vivimos.