«Creo que hay que naturalizar, que en una democracia avanzada, cualquiera que tenga presencia pública o cualquiera que tenga responsabilidad en una empresa de comunicación o en la política, pues lógicamente esté expuesto, tanto a la crítica como al insulto en las redes sociales. Y el derecho, cuando las cosas se salen de madre, ofrece instrumentos para emplearlos».
Con estas palabras, el vicepresidente del Gobierno de España, Pablo Iglesias, llamaba desde la Moncloa, casa de todos los españoles, a naturalizar el insulto. Casi a instaurarlo como un derecho a usar, frente a quien ostenta una posición relevante, ante la opinión pública.
Justificaba así el posicionamiento de su partido, Unidas Podemos, que recientemente y por palabras de su portavoz, Pablo Echenique, ponía en la diana a periodistas como Vicente Vallés, simplemente por informar y lanzar preguntas acerca del ‘caso Dina’.
El propio Iglesias, en una entrevista en RTVE, acusaba de «pseudoperiodista» a Vallés, e insultaba directamente a otros medios de comunicación, como OK Diario, El Mundo o El Confidencial, por cuestionar sus versiones en este asunto de la tarjeta SIM.
Que por otro lado, mejor que no diga nada, pues eso de apropiarte de un móvil, que no es tuyo, para evitar, porque tú lo decides así creyéndote más fuerte, que una mujer mayor de edad no está en condiciones de soportar cierta presión… Muy feminista no es. Pero eso es harina de otro costal.
En su comparecencia ante los medios que anhela controlar, decía, el líder de Podemos reproducía insultos hacia estos periodistas nuevamente. Desde La Moncloa, aludiendo a las redes sociales. Esto es: ‘No lo digo yo eh, lo dicen ellos’. Una cobardía bastante lamentable.
Vamos, que aprovechaba su cargo público para arremeter otra vez contra los periodistas. Con más calma y pausa que su paso por RTVE, eso sí, pero con el mismo fin: socavar la credibilidad de quien no le sigue la corriente. Y qué curioso, que alguien abogue por ser el adalid de la libertad de expresión, y a la vez lidere el partido como más querellas por presuntos delitos contra el honor. Consejos vendo…
Obviamente la prensa, los periodistas, no estamos exentos de crítica. Es más, debemos ser criticados, como cualquier otra profesión. Para bien o para mal. Pero nunca insultados. Esa puerta no se puede abrir jamás. Y sobre todo, nunca señalados. Menos desde un edificio público y por boca de un cargo público, un cargo con responsabilidad pública, y que sirve a los ciudadanos (también a los periodistas), no se sirve de ellos.
Porque naturalizar el insulto, como argumentaba el vicepresidente, es el paso previo a legitimizar la violencia individual, frente a quien no piensa como tú. Insultar a alguien, por su opinión, condición, raza, sexo, profesión o cualquier otro atributo, es violencia pura y dura. Recuerden al escritor inglés, Robert Burton, que decía que «una palabra hiere más profundamente que una espada».
¿Quiere eso el señor vicepresidente? ¿Quiere ‘herir’ a los periodistas que informan y opinan sobre sus oscuros asuntos judicializados? Espero que no, que esa no sea su intención, la de «azotar hasta sangrar» a cualquiera que ose llevarle la contraria.
Ya lo ha dicho su colega de Gobierno, Margarita Robles, que «en una sociedad democrática los insultos no pueden ser justificables». Los insultos no son un derecho, son algo a combatir a través de la educación. Recurrir al insulto es el camino fácil hacia la deshumanización y la tiranía.
Ojalá éste sea el verdadero talante del Ejecutivo de Sánchez, y no solo un ejemplo más del ‘poli bueno’, ‘poli malo’ que suele mostrar el Gobierno, cuando la opinión pública censura su comportamiento.
